Urgente: Procuraduría pide tumbar decreto que estaría paralizando la exploración y explotación minera en el país

Después de que Colombia le ganara el litigio millonario a Red Eagle Exploration por prohibir la minería ilegal en el Páramo de Santurbán, la Procuraduría le hizo una petición al Consejo de Estado sobre el decreto expedido por el Gobierno Petro que cambió los criterios para obtener títulos mineros y restringir esas actividades en áreas de especial importancia ecológica.

Para el ente de control, “el Decreto 044 de 2024, expedido con base a la misma norma que sirvió como fundamento, se encuentra a la espera de pronunciamiento frente a su legalidad”.

Por eso, la propuesta es que el Gobierno no emita resoluciones de reservas temporales, mientras se expide el pronunciamiento relacionado con dicho decreto. Por esto también le piden al Ministerio de Minas y Energía no emitir resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie.

La solicitud del ente de control argumenta que dicha declaración debe establecer los alcances, efectos y límites del decreto de 2013, el cual fue el primero que estableció parámetros para determinar reservas de recursos naturales temporal.

“En caso de que el Consejo de Estado llegara a declarar nulo el decreto origen, se estaría ante un semejante al anulado y serían engañosos los efectos jurídicos de esta decisión”, dice la Procuraduría.

En el caso de que la resolución se declare legal “será valioso determinar si se ajusta o no al orden jurídico y se comprenderá mejor la forma en que el gobierno nacional debe implementarlo y ejecutarlo”.

Para la Procuraduría es “inquietante” que el decreto expedido por el Gobierno Petro comenzó a producir efectos inmediatos, “por lo que se podrían estar expidiendo declaratorias de reservas temporales que impidan que las autoridades mineras decidan sobre la procedencia o no del otorgamiento de títulos mineros en áreas geográficas del territorio colombiano”.

Para el ente de control, esa decisión estaría excluyendo la actividad minera hasta por diez años y genera riesgos de parálisis de la exploración y explotación de minerales.

“En caso de que títulos legalmente autorizados queden traslapados con áreas que se declaren como reservas de recursos naturales, sean caducados y se ordene su cierre, solo generará que se incrementen los volúmenes de explotación ilícita de yacimiento minero y aumente los frentes de minería ilegal”, explicó la Procuraduría en su pronunciamiento.

Por ahora, el Ministerio de Ambiente debe entregarle a la procuradora de Asuntos Ambientales el plan de actividades y fechas para implementar las disposiciones del nuevo decreto, presentando informes mensuales con las áreas en consideración y los fundamentos que lo soportan.

Este pronunciamiento de la Procuraduría se dio días después de que el Tribunal Arbitral desestimó la millonaria indemnización de 130 millones de dólares que pedía la empresa Red Eagle Exploration a Colombia, alegando que prohibir la minería en el páramo de Santurbán afectó uno de sus proyectos mineros más importantes en el país.

La Defensa Jurídica del Estado explicó ante dicho tribunal que prohibir las actividades mineras en ecosistemas de páramos no se puede considerar como una expropiación a la inversión de Red Eagle.