Registraduría acudiría a Thomas Greg & Sons, firma cuestionada por Petro, para la logística de la consulta popular

Siempre se ha dicho que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, y ese conocido refrán podría aplicarle al presidente Gustavo Petro, quien lleva más de 12 años lanzando críticas contra Thomas Greg & Sons por la contratación con la Registraduría para la organización electoral. Desde antes de ser alcalde de Bogotá, Petro ha sido uno de los férreos críticos de esta empresa, que, a través de la Unión Temporal Disproel, se ha encargado de la logística de las elecciones en los últimos 14 años en Colombia.

Sin embargo, el discurso del mandatario contra la firma subió de tono cuando llegó a la Casa de Nariño y en reiteradas ocasiones los ha acusado de “monopolizar los datos de los colombianos”. Petro dijo que esa firma es “el peor riesgo para la democracia colombiana” y ha intentado frenar varios procesos de contratación de esa empresa con el Estado, como el de la elaboración de pasaportes y las relaciones contractuales con la Registraduría.

Durante el segundo semestre de 2024 quedó clara la estrategia del Gobierno de emprender una arremetida jurídica contra la Registraduría. El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, denunció al registrador Hernán Penagos por adjudicar un contrato a Thomas Greg para las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), que se hicieron en noviembre.

Hasta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha metido en el asunto y pretendió investigar a funcionarios de la Registraduría sin tener competencia. Aunque el Gobierno hizo hasta lo imposible para sacar a Thomas Greg de la contratación del Estado, el objetivo no se cumplió y ahora tendrá que tragarse ese sapo, pues será esa Unión Temporal la que adelante la logística de la consulta popular para impulsar la reforma laboral.

Por los tiempos que está manejando el Gobierno para impulsar ese mecanismo de participación, no quedará otra salida que contratar directamente a Thomas Greg para que se encargue de la logística, impresión del material electoral, traslado de este, preconteo, recepción telefónica de datos y consolidación.

Según cálculos del Ejecutivo, efectuados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta popular llegará al Senado en los primeros días de abril a fin de buscar el aval. En esa corporación hay un plazo de un mes para responder y después el Gobierno tendrá hasta tres meses para la convocatoria a las urnas. Eso quiere decir, en el papel, que en agosto se adelantaría la consulta popular.

Como los términos son tan ajustados, la Registraduría no podrá abrir una convocatoria pública para que diversas empresas participen y entren en la puja para dicho contrato, que sería de unos 800.000 millones de pesos. Habitualmente, en estos procesos se requieren unos cuatro meses, destinados a realizar el respectivo estudio de mercado, elaborar el marco de referencia y otorgar un plazo a los interesados para que presenten sus propuestas.

Como este no es el caso y el Gobierno tiene afán de convocar a las urnas, el único camino para la Registraduría es acudir a la contratación directa por urgencia manifiesta, mecanismo contemplado por ley, y ahí Thomas Greg es la única firma que se puede encargar de un proceso electoral de esa magnitud.

Esto quiere decir que, a pesar de los múltiples ataques de Petro a esa empresa, tendrá que soportar que se encargue de la logística de la consulta popular si quiere tramitarla con urgencia. Otro camino sería que el mandatario dé un plazo prudente para que se abra una convocatoria pública y se puedan presentar compañías nacionales e internacionales, un escenario poco probable.

El discurso de fraude y riesgo electoral de Petro contra esta firma tendrá que quedar en el pasado, pues no tiene otra opción que aceptar ese camino si quiere hacer rápidamente la consulta popular. Habrá que esperar si Idárraga también presenta otra denuncia contra la Registraduría por este contrato, que seguramente se firmará en los próximos dos meses.

Aunque Thomas Greg ha recibido unos 4,4 billones de pesos en los últimos años por contratos para la logística de las elecciones, no hay registro de anomalía alguna en dichos procesos contractuales.