Informe revela casos de acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional

Desde hace cuatro meses, los nueve magistrados de la Corte Constitucional tienen en sus escritorios un informe delicado. Se trata de un diagnóstico sobre equidad de género que los propios juristas mandaron a elaborar en diciembre para implementar políticas de igualdad en la corporación. Pero el contenido reveló tantas cosas que provocó incomodidad y repudio.

‘Las capas del techo de cristal: equidad de género en la Corte Constitucional’ se titula este trabajo que lleva el sello de Usaid, una de las agencias de cooperación para el desarrollo más importantes de Estados Unidos. Diseñado para convertirse en un ejemplo de transparencia para la justicia, la Sala Plena aprobó su publicación, pero inexplicablemente sigue guardado bajo llave. El documento tal vez permanece engavetado por la gravedad de los hallazgos que contiene.

SEMANA conoció el contenido del informe, elaborado a partir de encuestas hechas a 260 funcionarios y contratistas. También de entrevistas a profundidad aplicadas aleatoriamente. Los empleados describieron cómo en los pasillos del Palacio de Justicia muchas veces se escucha un lenguaje sexista, contaron acerca de los estereotipos de género a la hora de repartir ciertas funciones y dieron detalles de algunos casos de discriminación.  

Pero el capítulo más sensible salió a la hora de hablar de hostigamientos y de acoso sexual. En efecto, quedó en evidencia que en la corte, que debe resguardar la Constitución, trabajan, silenciosas, varias víctimas de sus compañeros y de sus jefes. El problema se agrava al considerar que estas víctimas invisibles sufren porque en la corte hay “tolerancia a las violencias de género” y “falta de políticas institucionales para castigar” estos comportamientos, según afirma el documento. 

“Hay hombres dentro de la corte que son famosos por intentar seducir a las mujeres. Los hombres con altos cargos pueden arruinar la vida laboral de las mujeres que no acceden a tener una relación o un romance con ellos”. Este es uno de los sorpresivos relatos que recibieron en enero de este año las investigadoras Claudia Gómez López y Mariana Tafur Rueda, contratadas por la agencia estadounidense para realizar el informe.

Por medio de entrevistas reservadas, ellas lograron conocer hechos que podrían ocasionar gran polémica, como la historia de una funcionaria del área de la Presidencia de la corte. Relató cómo un compañero de trabajo intentó tener relaciones sexuales con ella a pesar de que se negó. Pero este abuso no había trascendido, ni las demás historias. 

El reporte trae el caso de una mujer a la que un superior le propuso mejores condiciones de trabajo si accedía a hacer algo de carácter sexual con él. Y el de otras cinco funcionarias que dijeron haberse sentido presionadas para aceptar citas o encuentros por fuera de las relaciones laborales. La mayoría de las intimidaciones provino de compañeros de trabajo y hombres en cargos superiores.

Las encuestas reportaron 12 casos (3 hombres y 9 mujeres) de personas que manifestaron haber recibido propuestas directas para tener relaciones sexuales en el marco de las laborales. Vinieron en primer lugar de compañeros y, luego, de jefes hombres.

Las judicantes

Sumado a estos registros, el documento abre uno de los frentes más delicados: las judicantes, que deberían recibir las mayores protecciones y garantías, pero encabezan el listado de reportes de acoso sexual.

Judicantes llaman a los estudiantes que hacen sus prácticas de derecho en el Poder Judicial. Al contrario de lo que cualquiera podría imaginar, cuando se trata de mujeres, estas jóvenes resultan las más vulnerables, pues están desprotegidas y no tienen a quién acudir si algo les ocurre. 

El informe señala cómo hizo carrera en la Corte Constitucional el uso del término ‘judicantear’, para referirse a una práctica creciente de buscar relaciones “románticas o sexuales” con estas estudiantes. “En la fiesta de final de año de la corte, hombres de mayor rango se involucran con mujeres de cargos de menor responsabilidad, o con las judicantes”, señalan los testimonios.

También hay judicantes que terminan de pareja de funcionarios que trabajan en los despachos: “Aunque las relaciones parezcan consentidas, son relaciones desiguales de poder”, asegura otro de los entrevistados a las investigadoras.

Los ejemplos de acoso sexual en la corte, dice el documento, se caracterizan porque los determinan una relación entre desiguales en cuanto a “poder, jerarquía y desprotección”. “Preocupa la forma en la que operan las relaciones jerárquicas y desiguales de poder y los estereotipos sobre la sexualidad de las mujeres, los cuales hacen que sean ellas quienes asuman las consecuencias del acoso o de las relaciones personales consentidas (aunque socialmente ‘no permitidas’) con un funcionario de mayor rango”, dice uno de los apartes del documento. 

Justicia sin justicia

Los hallazgos del estudio continúan con una realidad absurda y contradictoria: las personas que trabajan en uno de los máximos tribunales de justicia, al lado de los magistrados de más alto rango, no tienen la confianza para denunciar. Solo el 4,4 por ciento de las mujeres acosadas sexualmente en la corte dijo haber reportado el caso a un superior o jefe directo. Las demás prefirieron callar.

“Hay una persona del área que acosa a una de mis compañeras, yo le he dicho a la víctima que no se deje, que reporte lo que pasa, pero a pesar de que hay un comité de convivencia laboral, la gente no confía en ese espacio”, señala un testimonio. Otro dice: “Sé de otro caso en el que un compañero le mandó un mensaje grotesco a una de sus compañeras, ella se quejó y no pasó nada. En la corte no pasa nada”. 

Para atender las quejas laborales, la corte creó un comité de convivencia laboral y abrió un área de recursos humanos adscrita a la Presidencia de la corporación. Pero seis de cada diez encuestados aseguraron no conocer estos mecanismos o no tener claras sus funciones.

El documento incluye estadísticas en las que las encuestadas manifestaron varias de las razones por las que no quisieron denunciar. El 37 por ciento no quería que nadie se enterara; el 33 por ciento no deseaba arriesgar el trabajo, y el 25 por ciento sentía vergüenza. El 14 por ciento pensó que no le creerían, un porcentaje igual no lo hizo por miedo; el 11 por ciento dijo no confiar en las autoridades y un 7 por ciento no sabía a quién acudir.

Hasta ahora los entrevistados dijeron desconocer alguna sanción, por lo que está sucediendo. Ha habido situaciones de acoso que accidentalmente se hacen públicas, pero terminan invisibilizadas si los agresores están en un rango más alto y pueden salir perjudicados. “Sé que se han presentado casos de acoso a judicantes o a otras mujeres de la corte. Uno de los casos resultó con la salida de la mujer que se besó con un hombre de más alto rango”, señala un testimonio en el informe. 

Muchas temen denunciar porque, como ya ha ocurrido, las mujeres terminan por asumir las consecuencias. De acuerdo con la encuesta, el 18 por ciento de las personas que reportaron acoso sexual ha pedido un cambio de puesto; el 37 por ciento de mujeres ha pensado renunciar, el 2 por ciento se ha ausentado del trabajo y el 9,3 por ciento se enfermó.

Las entrevistadoras indagaron por la identidad del agresor, el momento en que ocurrió el hecho y el lugar. Pero obtuvieron esta información bajo reserva y no está disponible ni para los propios magistrados. Cuando SEMANA investigó, encontró al menos cinco casos de mujeres que anónimamente dieron su versión sobre lo que ocurre en los pasillos del Palacio de Justicia. Las historias coinciden con diversos hallazgos del documento y en al menos tres casos señalan la presunta participación de un magistrado titular de la corte (ver recuadro).

“Es necesario establecer y difundir procedimientos claros para sancionar a los agresores, evitar la revictimización de quienes denuncian y evitar por esta vía que se validen las prácticas de acoso”, dice una de las conclusiones del estudio. Este encontró, además, que hay dinámicas de discriminación evidentes como que en la corte no trabajan afros ni indígenas, y que las personas no se atreven a hablar abiertamente de su orientación sexual. Los resultados de las encuestas arrojan que cada despacho selecciona su personal según la universidad, el nivel socioeconómico e, incluso, la región de donde provienen.

Usaid entregó el documento a la Corte Constitucional a comienzos de abril. Posteriormente, vino una etapa de socialización y de comentarios despacho por despacho. Algunos de los magistrados de la corte pidieron no solo publicarlo de inmediato, sino ampliar ciertos hechos y abrir una investigación penal sobre los mismos. Hace cuatro semanas la Sala Plena tomó la decisión unánime de hacer público el contenido final, pero hasta ahora no ha salido ante la opinión pública. 

“Me dijo que fuera su novia y su magistrada auxiliar”

Una exfuncionaria judicial, que estuvo adscrita a un despacho de la Corte Constitucional, relató a SEMANA un episodio ofensivo que vivió en una fiesta de la Corte Constitucional. La víctima pidió la reserva de su identidad porque teme por su estabilidad laboral y su seguridad personal.

“Al final de la fiesta, un magistrado me llamó. El señor estaba bastante borracho y comenzó por decirme groserías. Estos insultos verbales no eran consecuentes con sus movimientos, pues sonreía mientras me insultaba, intentaba cogerme la cara, abrazarme. Decía que yo era muy bonita al mismo tiempo que me insultaba porque yo no le era leal”.

La exfuncionaria no estaba sola. En ese momento, un compañero de la corte presenciaba la escena. “El magistrado me dijo que fuera su novia, que él tenía un corazón muy grande y podía cuidarme y hacerme su magistrada auxiliar. Yo le respondí que estaba casada, que a mí no me importaba el cargo, y menos ser su novia”. Las palabras del magistrado dejaron a la joven pasmada. “Sentí pánico y también mucha furia. Yo lo único que tengo es mi hoja de vida. Creo que todos los que trabajamos en la corte aspiramos a un ascenso, pero no a un ascenso denigrante”. 

A pesar de la gravedad de los hechos, el compañero que tenía al lado fue el primero en dejarla sola. “Me dijo: lo siento, es terrible lo que te pasó, pero no te puedo apoyar; era como si no hubiera escuchado nada. Esta persona estaba recién contratada en un cargo de fácil remoción y estaba cuidando su puesto porque tiene hijos que mantener”.

La mujer afirma que no tuvo entre sus posibilidades acudir al Comité de Convivencia Laboral, pues esa instancia “no sirve de nada”. “Le comuniqué a mi jefe lo que había pasado. Me dijo que me apoyaba internamente. Pero obviamente no pasó nada. Ellos son amigos, nunca lo iba a acusar, poco importaba lo que yo sintiera”. “Es muy triste... Uno escucha varias cosas que han pasado; no hay herramienta seria para uno atreverse a denunciar estas cosas. El comité es un chiste. Hay muchas mujeres trabajando en la corte y se siente el machismo. Al magistrado le tengo miedo, lo vi un par de veces en los pasillos. Él tiene la particularidad de que posa como la persona más decente y bien hablada”.