Se recrudece crisis en el Catatumbo: ayudas humanitarias varadas y campos minados dificultan la atención

El procurador Javier Sarmiento, quien estuvo como delegado en derechos humanos y ahora le hace seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz, estuvo por varios días liderando la comisión que envió la Procuraduría al Catatumbo para atender el drama humanitario y vigilar el funcionamiento del Estado frente a la disputa que vienen protagonizando las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

El balance que entregó Sarmiento fue desalentador y, de paso, reflejó el recrudecimiento que ha tenido el conflicto armado en esa región del país con miles de víctimas, ayudas humanitarias varadas por diferencias políticas y hasta cientos de hectáreas contaminadas con minas antipersonal, que hoy vuelven casi imposible el retorno de quienes salieron huyéndole a la guerra.

El procurador Javier Sarmiento explicó que tras la visita “encontramos que había una serie de ayudas acumuladas o abarrotadas en Bomberos de Ocaña, para eso la comisión se trasladó hasta allá para preguntar qué era lo que ocurría y, pues, es muy preocupante que viendo esta situación humanitaria, que es evidente en los ocho albergues, pues no se estén suministrando o se estén fraccionando algunos mercados que, lógicamente, tienen unos destinatarios previstos en la ley”.

Una de las mayores preocupaciones que halló la comisión es la falta de articulación que existiría entre la Alcaldía de Ocaña, la Gobernación de Norte de Santander y la Personería. Esa falta de coordinación se estaría viendo reflejado en las ayudas humanitarias que permanecen almacenadas y aún no han sido destinadas a los afectados por la guerra en esa región del país.

“Es muy prematuro hablar de un retorno porque las condiciones de seguridad no están dadas, resaltando, por ejemplo, la gran cantidad de minas antipersonal. El Catatumbo es una zona que, históricamente, ha estado con muchas minas, no se ha podido realizar ni desminado militar ni desminado humanitario”, fue otra de las alertas que hizo Sarmiento para el retorno de las más de 52 mil personas que han salido desplazadas.

Para la Procuraduría, es imposible que hoy se adelanten tareas de desminado humanitario en medio de la escalada violenta que ha protagonizado el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo. Ese sería otro reto que tiene el Estado para devolver sanas y salvas a las personas que les tocó salir de su vivienda y ahora pretendan regresar en medio de los campos minados que cunden en la zona.

“Ese sería un llamado a las diferentes autoridades y responsables en la materia, a empezar a lo que se denomina educación en el riesgo de minas. ¿Por qué? Porque los 92 mil desplazados o más, bajo el subregistro, que existen en los diferentes municipios receptores, pues a la hora de retornar tienen que tener claras las consecuencias y cómo evitar que puedan caer en unas minas antipersonal, los adultos mayores, los niños, las mujeres y todas las personas que retornen”, detalló Sarmiento.

Además de los muertos y desplazados, la Procuraduría también alertó que, en la actualidad, hay más de 32 mil personas confinadas en medio de las balas de los grupos armados ilegales y las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares para volver a retomar el control en una zona que, por décadas, ha sido estratégica y deseada por intereses narcotraficantes.