¿Qué opina María Isabel? ¿Se viene el derecho de huelga en servicios públicos fundamentales?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 15 de diciembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a las declaraciones de la coordinadora clave de la reforma laboral en la Cámara María Fernanda Carrascal, más conocida como Mafe, sobre las motivaciones de la Corporación para aprobar ayer 16 artículos de la polémica reforma laboral, que produce el temor que no solo no contiene herramientas para formalizar el trabajo informal, sino que -por el contrario- incluso podría poner en riesgo el trabajo formal, porque según los expertos, están amenazados algo así como 450 empleos formales.

Uno de los conceptos modernos que más coge fuerza para calcular la justificación de la remuneración a los empleados, a la clase trabajadora, que no orienta en nada a esta reforma, es la productividad, pues la congresista Carrascal, con mucho desparpajo pero sin mucho fondo, afirma que el asunto de la productividad no debe ser entendido como el aumento de los rendimientos de los dueños del capital, que de gestores de empleo han pasado a ser en este gobierno los villanos del paseo.

Porque, según ella, la productividad debe entenderse principalmente en una mejora de la tecnología, de la maquinaria, del conocimiento, del acceso a créditos mas baratos... Es decir, nada que ver el concepto de la productividad con la eficiencia del trabajador, sino con una serie de circunstancias externas que dependen más de las empresas que del propio trabajador.

La reforma, dice la representante Carrascal, pretende actualizar el Código Laboral de hace 70 años; pretende impulsar los pactos colectivos que, según ella, no implican mayor costo para las empresas, lo cual es pura paja porque el sistema sindical mal entendido lleva privilegios como trabajadores que no trabajan y que además se vuelven intocables, no se pueden despedir porque tienen lo que se llama fuero sindical, no importa si trabajan o no trabajan y si son eficientes o no son eficientes. Eso evidentemente tiene un costo para las empresas.

Dice la representante Carrascal, ante los señalamientos de que esta reforma pretende reforzar y fortalecer a los sindicatos, que de lo que se trata más bien es de evitar la fragmentación de los mismos. Pero lo más delicado de la reforma podría ser su intención de que pueda existir una huelga legal en las empresas que prestan servicios indispensables como, por ejemplo, la salud, el transporte o el suministro de agua potable.

Viene rodeada de un sartal de mentiras, como que este derecho a la huelga en la prestación de servicios fundamentales, sustentada en jurisprudencia de las Cortes, tendría que garantizar que no se afecte el derecho de los usuarios a la prestación del servicio mínimo; que, por ejemplo, en caso de un paro en el sector salud, las urgencias deben estar abiertas para proporcionar un mínimo de prestación de servicios.

¿Qué es un mínimo en la prestación de servicios? ¿Cuál es el termómetro de ese mínimo? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién dirá cuál será el paciente que tiene derecho a su atención y cuál no? ¿Qué deberá comprender la atención mínima? Inexplicablemente, llegó un inesperado apoyo a la reforma por parte del gobierno demócrata de los Estados Unidos, donde quizá no han entendido la importancia que tiene en Colombia la formalización del empleo, que es monumental la informalidad.

Pero que sin duda se convirtió en un fundamental empujón, este concepto de los Estados Unidos, para la aprobación de los primeros 16 artículos de la reforma laboral, que deja dudas sobre su financiación; por ejemplo, quién va a pagar la licencia de maternidad y paternidad que, respectivamente, será de cuatro y de tres meses para madres y padres

El debate continuará el próximo 16 de febrero, pero queda claro que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fuertemente arraigada en su ideología comunista, es una de las más hábiles ministras del gabinete de Gustavo Petro.