Procuraduría rechazó paro armado declarado por el ELN en el departamento de Chocó: “Es inaceptable”

Un enérgico rechazo a la situación de orden público que se vive en el departamento de Chocó lanzó este domingo, 16 de febrero, la Procuraduría General de la Nación, al tiempo realizó un llamado a las respectivas autoridades y al propio Gobierno nacional para la protección de la población.

El Ministerio Público se refirió, en primera instancia, a la acción criminal de las organizaciones terroristas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes tienen azotada a la población más vulnerable del Chocó por los enfrentamientos entre ellos.

Además rechazó de manera enfática el paro armado decretado por la guerrilla del ELN y anunciado el pasado 15 de febrero. “Es inaceptable, toda vez que mantiene confinadas a más de 10 mil personas, según lo ha dicho la señora Gobernadora del Departamento, Nubia Carolina Córdoba”, señaló la entidad.

Según el grupo criminal, este paro tendrá una duración de 72 horas, por lo que iniciará a las cero horas del 18 de febrero y terminará a la misma hora el viernes 21 del mismo mes. Este, se declaró, según los subversivos, por el presunto entramado entre el Estado, las Fuerzas Militares y mercenarios.

La Procuraduría también “reprochó y condenó” la siembra de minas antipersonal por parte de estos grupos armados ilegales en gran parte del territorio del departamento, con lo cual se pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.

“Como jefe del Ministerio Público solicito al Gobierno Nacional y demás autoridades actuar con urgencia para proteger a la población civil de estas agresiones inaceptables”, señaló el procurador general, Gregorio Eljach, al recordarles que el Estado debe mantener la integridad territorial y asegurar a convivencia pacífica.

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, señaló el jefe del Ministerio Público.

La Procuraduría General informó que estará atenta a hacer seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir la consumación de riesgos contra las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Los combates entre las estructuras criminales dejan hasta el momento 12.677 personas afectadas, 3.468 personas desplazadas, es decir, 217 familias que tuvieron que dejar su hogar.

Así mismo, de acuerdo con fuentes militares, se registra el confinamiento de 9.209 personas, es decir, más de 4.000 familias que no se pueden mover libremente por temor a quedar en medio del fuego cruzado de los criminales.