Procuraduría alertó por presuntas irregularidades en proyectos financiados por más de 70.000 millones en regalías en Magdalena

Un gran escándalo se destapó recientemente en el Magdalena, el cual nació por los malos manejos que hubo en el departamento a través de unos proyectos financiados con regalías por $ 70.000 millones. Por ello, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta. Esto es lo que se sabe del caso.

Así las cosas, el Grupo Especial de Seguimiento a Regalías (GES - SGR) fue el encargado de adelantar las pesquisas. Sucede que en una visita de la división al territorio, descubrieron retrasos, deficiencias en los estudios y otras posibles irregularidades en la ejecución de las obras mencionadas anteriormente, con lo que se estaría afectando a una población de más de un millón de personas.

Uno de los proyectos estaba por 11.2 millones de pesos y estaba destinado al fortalecimiento de la capacidad productiva de pequeños productores agrarios, el cual estaba adscrito por la gobernación. Incluía siete escuelas de campo para agricultores, una aplicación para caracterización de beneficiarios, la intervención de 400 hectáreas para la implementación de cultivos locales (yuca, frijol, maíz, plátano y malanga), producción de especies menores (gallina, porcino y ovino) y creación de siete bancos de maquinaria para beneficiar a 3.790 pequeños productores.

Los avances son preocupantes ante los ojos del Ministerio Público, debido a que se reporta un 77% a nivel físico, pero solo el 30% en lo financiero. Asimismo, hay falencias y dificultades técnicas, lo que sugiere una gran incertidumbre, riesgo de incumplimiento y la posibilidad de pérdida de los recursos que ya fueron invertidos.

Otras obras licitadas por millonarias sumas son las de la reposición de redes de alcantarillado sanitario y acueducto en Santa Marta, la construcción de consultorios médicos, la transformación de instituciones educativas, así como la la pavimentación de vías en el municipio de Ciénaga.

Lo anterior se convierte en un dolor de cabeza más para el gobernador Carlos Caicedo, quien también ha sido acusado por corrupción.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se expone a una condena de 18 años por irregularidades en obra de la Megabiblioteca

Las presuntas irregularidades en el proceso de licitación, sobrecostos y demoras en la obra del contrato 00607 del 31 de diciembre de 2014, tienen en graves problemas judiciales al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.

Este miércoles, el fiscal once delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al mandatario departamental los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Tras la exposición, el delegado del ente investigador señaló que en la construcción de la Megabiblioteca, ubicada en la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, se presentaron constantes irregularidades.

En los hechos, que se presentaron cuando Caicedo Omar era Alcalde (2012-2015), se habrían reportado documentos que no correspondían a la verdad sobre la ejecución del millonario contrato.

Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía le pidió a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cobije con medida de aseguramiento en su respectivo domicilio al Gobernador al considerar que representa un peligro para la sociedad y, en su cargo, sigue manejando los recursos públicos del departamento.

En su exposición, aseguró que, de ser hallado culpable, Caicedo se expone a una condena de 18 años de prisión, según lo establece el Código Penal. Para el fiscal, siendo Alcalde de Santa Marta, el dirigente político omitió todas las exigencias de la contratación pública pese a la magnitud del proyecto y la importancia del mismo para la comunidad.

“El servidor público que por el ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los recursos legales esenciales o los celebre sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 meses a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitad para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 216 meses”, detalló.

En el delito de falsedad en documento público en calidad de autor, al considerar que envió información falsa al Secop, frente al proceso de licitación y ejecución de la obra, sosteniendo que lo ahí anexado no era correspondiente a lo que estaba pasando.

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba consigne una falsedad o calle parcialmente la verdad, se expone a prisión de 64 a 144 meses, e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 180 meses”, precisó el fiscal al explicar este segundo delito.

En la tarde de este miércoles, tras la pregunta del magistrado, Caicedo se declaró inocente y no dudó en asegurar que se trataba de una persecución política en su contra.