Procuraduría advierte a minSalud que no puede hacer lo que quiera con los equipos que se financian con el dinero del sistema

Aunque parece un asunto técnico, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca cambiar de un plumazo la destinación de los equipos básicos del sistema de salud, que son pagados con el dinero del sistema, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), vía resolución. Sin embargo, la Procuraduría le advierte que esto no lo puede hacer a su antojo.

El ente de control disciplinario advierte que, “según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los recursos de la UPC tienen una destinación específica y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la Ley, puesto que, estos argumentos no se pueden tener como fin para ser un proyecto específico de regulación”.

La advertencia es clara: los cambios en la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud no se pueden hacer a su antojo y menos por un acto administrativo. Debe ser a través de una ley tramitada en el Congreso.

De esta manera, el ente de control reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que está establecido en la ley, pues ello podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios.

Explica la Procuraduría que “la Resolución 2364 de 2023, expedida por el Ministerio de Salud, que fijó el incremento de la Unidad de Pago por Capacitación de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia 2024, se expidió sin que el documento surtiera los principios fundamentales que garantizaran el debido proceso de publicidad”.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del ministerio, sobre la suficiencia de la UPC. Asimismo, según la Procuraduría Delegada, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos.

Se trata de un nuevo choque o un intento del ministro Jaramillo de hacer cambios profundos en el funcionamiento del sistema de salud, sin que haya sido aprobada la polémica reforma, tal como está ocurriendo con las EPS que ya están bajo control del Estado, tal como lo anunció incluso el presidente Gustavo Petro.