Primicia: Tribunal Administrativo le mete acelerador a demanda que pide anular el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del DPS

SEMANA conoció en primicia el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio del cual se anuncia la sentencia anticipada en la demanda que pide anular el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) por no contar con la experiencia para ese cargo.

La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides ya notificó a todas las partes. Tras recopilar todas las pruebas documentales, se emitirá en los próximos días la sentencia.

“Prescindir del periodo probatorio por no existir pruebas por practicar y, en su lugar, anunciar la sentencia anticipada”, señala la decisión firmada por la magistrada que ya notificó a la Presidencia, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Departamento de Prosperidad Social, a la Procuraduría, a Gustavo Bolívar y al demandante.

En el auto, firmado el pasado 14 de enero, el despacho anunció la fijación del litigio tras acumular varias demandas presentadas contra el nombramiento del escritor, libretista de televisión y exsenador como director del DPS por parte del presidente Gustavo Petro. “Con base en los argumentos de las demandas acumuladas y su contestación, en esta instancia se resolverá el siguiente problema jurídico”, indica el documento.

“¿El nombramiento de Gustavo Bolívar Moreno el 5 de marzo de 2024 como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es nulo por no cumplir el requisito de conocimientos básicos establecido en la Resolución n.° 04420 del 31 de diciembre de 2015?, ¿por hacer parte del proyecto político del presidente de la República, constituyendo una desviación de poder y violación al derecho a la igualdad, y por excepción irregular, por falta de publicación del nombramiento previo de otro servidor público?”, enfatiza la citación.

El demandante advierte que Gustavo Bolívar, comunicador social de profesión, no cuenta con los conocimientos básicos para este cargo, puesto que en su hoja de vida —publicada por la Presidencia— no aparece nada referente a estudios de políticas púbicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada, y la reintegración social y económica.

Igualmente, advirtió que cuando se oficializó la designación de Gustavo Bolívar en ese cargo todavía estaba en propiedad Iván Enrique Fernández Pérez, hecho que representó una gran irregularidad.

Frente a estos señalamientos, el director del DPS pidió desestimar las pretensiones de la demanda, señalando que él cumple los “requisitos constitucionales y legales de elegibilidad”, teniendo en cuenta su “desempeño como senador de la República, que da cuenta de su conocimiento de lo público, donde presidió la comisión tercera, encargada de los temas de hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, normatividad sobre el Banco de la República”.

Por su parte, el DPS indicó que Gustavo Bolívar Moreno cumple los requisitos exigidos por la ley. “El demandado se desempeñó como senador de la República para los periodos constitucionales 2018-2022 y 2022-2026 y, conforme a la Ley 5ª de 1992, cumplió función constituyente, legislativa, de control político, judicial, electoral, control público y función de protocolo, que le otorgan amplio conocimiento del Estado, estructura y organización, desarrollo de políticas públicas a través de presentación y aprobación de proyectos de ley, normatividad constitucional, control político y público, entre otros”.

Mientras tanto, la Presidencia también pidió rechazar las pretensiones de la demanda: “Si es la Constitución la que opta por limitar el ejercicio del derecho a acceder a cargos públicos de una forma determinada, no le es permitido al legislador o su intérprete entrar a flexibilizar o extender tales límites (…). Por tanto, no existió desviación de poder. Agregó que el acto acusado fue proferido por el presidente de República con base en la facultad discrecional que le confiere el artículo 189.1 de la Constitución Política”.