Nación
Primicia: las movidas en la Corte Suprema del magistrado que investiga el saqueo con contratos en la UNGRD
El caso está relacionado con los seis congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público y los contratos por más de 92 mil millones de pesos que se habrían pactado a favor de los empréstitos de la Nación.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a SEMANA las movidas que se vienen dando, al interior de la Sala de Instrucción, con el proceso que venía adelantando el magistrado Misael Rodríguez contra los cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, quienes integraban la Comisión de Crédito Público, y terminaron salpicados con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, en las últimas horas, Rodríguez le entregó toda la investigación que ha venido adelantando en ese caso al magistrado César Reyes, el nuevo presidente de la Sala de Instrucción, quien ahora tiene en su despacho el escándalo en el que terminaron involucrados congresistas como Karen Manrique, Wadith Manzur y Liliana Bittar. En medio de todo ese proceso, terminó renunciando a su cargo el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Toda esta situación comenzó en el mes de julio de 2024, cuando en medio de las filtraciones de los testimonios clave detrás de la corrupción que se dio en la entidad, la Sala de Instrucción decidió quitarle el proceso al magistrado Héctor Javier Alarcón y asignárselo a Misael Rodríguez, quien fungía como presidente de esa sección.
A finales de enero de este año, Rodríguez salió de ese cargo y César Reyes llegó a presidir la Sala de Instrucción, razón que habría originado nuevamente el cambio de magistrado en la investigación contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público en el Congreso. Hay que recordar que el caso llegó al magistrado Misael Rodríguez por su condición de presidente en esa Sala.
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Pero esa movida no sería definitiva, pues en las próximas horas los magistrados que integran la Sala de Instrucción se reunirán para analizar esa determinación y definirán si el caso queda finalmente en el despacho de Reyes o pasa nuevamente a reparto. Esos constantes cambios de magistrado investigador podrían tener un efecto al interior de la investigación.
Una de las magistradas que se ha mostrado en desacuerdo con esas situaciones ha sido Cristina Lombana, quien manifestó su inconformidad cuando el caso salió del despacho de Alarcón y terminó en la oficina de Misael Rodríguez. Para la togada, esa decisión “desconoció las reglas del reparto”.
“La filtración de la información fue el motivo relevante y decisivo para que el proceso se asignara al presidente de la Sala, con lo cual se desconocieron las reglas del reparto, y tan cierto es lo anterior, que esa es la razón que se dio a la opinión pública para informar de la particular reasignación”, manifestó en un salvamento de voto.
Esa investigación que avanza contra los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, está relacionada con el supuesto acuerdo de tres contratos por más de 92 mil millones de pesos en Arauca, Bolívar y Córdoba, a cambio de aprobar los proyectos financieros del Gobierno Petro.
