Por no otorgar nuevos títulos mineros de carbón, la Agencia Nacional de Minería tendrá que dar explicaciones a la Procuraduría

Ante las afirmaciones que indican que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no autorizará más contratos de concesión minera para la exploración y explotación de carbón a cielo abierto en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a Álvaro Prado, presidente de la entidad, el acto administrativo que materializa la decisión.

El documento que refiere la disposición, la Procuraduría por medio de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticas y Agrarios solicitó los antecedentes o la memoria justificativa que genere una decisión de fondo en torno a las pretensiones.

El Ministerio Público precisó que, en caso de que la Agencia Nacional de Minería no colabore en atender el requerimiento, tendrá que pasar el caso al Ministerio de Minas, ya que se trata de una política pública en materia de minería, todo con el objetivo de aportar una respectiva decisión administrativa, conforme lo señala el artículo 21 del CPACA.

Cabe mencionar que la procuradora general, Margarita Cabello, hizo un llamado de atención a los mandatarios regionales y locales por llevar a cabo acciones prohibidas que podrían resultar en una indebida participación en política.

La máxima autoridad del Ministerio Público expresó su preocupación por la actitud de algunos mandatarios y funcionarios que, según sus palabras, caminan como “equilibristas” en la fina línea que separa el ejercicio de sus funciones y la indebida intervención en la política.

“Me genera preocupación la actitud de mandatarios y funcionarios que transitan como equilibristas sobre la línea delgada que divide el ejercicio de la función y la indebida participación en política”, aseguró la funcionaria desde Valledupar.

Cabello Blanco aseguró que algunos mandatarios se “mueven” en “zonas grises”, aprovechando lagunas legales, aparentemente sin infringir la ley. Sin embargo, dijo la procuradora, “se aseguran de no incurrir en la taxatividad de la prohibición, pero desafían al control. Con artilugios y eufemismos, dejan la sensación inequívoca de estar parcializados”.

Aunque subrayó que la Procuraduría no inicia investigaciones basadas en percepciones, la funcionaria enfatizó que el país espera que aquellos que tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos y la institucionalidad muestren “un comportamiento que se ajuste a la ley y, además, sea decoroso, ejemplar y coherente”.

La procuradora también señaló que, según la última revisión en el Sistema de Información de Registro de Inhabilidades y Sanciones (Siri), realizada el 19 de septiembre, “encontramos que 724 candidatos registraron anotaciones que generan inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron”. Esta cifra representa un aumento de 52 aspirantes en comparación con el primer informe de agosto de 2023, y ya se ha remitido al Consejo Nacional Electoral para el proceso de revocación de inscripción.

Intensifican acciones contra la minería ilegal en Caldas

Hasta zona rural del municipio de Filadelfia, ubicado al norte de Caldas, llegaron integrantes de la Policía y el Ejército Nacional para ejecutar operativos en contra de la minería ilegal.

Las acciones se ejecutaron en la vereda El Pintado donde los uniformados ubicaron e intervinieron cuatro unidades de producción minera con las que se extraía oro de manera ilegal. Destacan que en este lugar pudieron evidenciar la contaminación en suelos y taludes por depósitos de arenas y gravas que afectan el hábitat de la fauna nativa.

Indican que otro aspecto que preocupa es que la contaminación estaba llegando hasta las fuentes hídricas que desembocan en el río Cauca, que es el segundo más importante que se tiene en el país.

“Es importante resaltar que, el procedimiento se realizó en aplicación a la ley 1801 del 2016 código de seguridad y convivencia ciudadana en sus diferentes artículos y por infringir el artículo 332 del Código Penal Colombiano”, explicaron desde la Policía en el departamento de Caldas.

El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Infantería N. ° 22 Batalla de Ayacucho y de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional; y dejó como balance también la incautación de maquinaria con la que al parecer se realizaba el proceso de explotación ilícita de yacimientos mineros, bajo la modalidad de cúbicos, empleando motobombas para la extracción de oro aluvial.