“Nunca me he cogido una moneda de cuero”: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, reitera que es inocente

Con la voz entrecortada, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, le pidió a la jueza tercera de control de garantías de Bogotá que la deje defenderse en libertad en medio del proceso judicial que se le adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria aseguró que lleva siete meses viviendo un “verdadero infierno” junto a su familia, todo esto por no aceptar las presiones de la Fiscalía General para que aceptara los cargos y negociara un principio de oportunidad.

“Este ha sido el momento más difícil de mi vida (...) Voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe por qué? Por mi inocencia. Yo soy una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando, todo lo que está viviendo mi familia y mis hijas. Todos hoy estamos en citas con psicólogos, psiquiatras”, afirmó.

En su primera intervención ante el juzgado en estas tres semanas, la exfuncionaria le pidió a la jueza que tenga en cuenta lo dicho por su abogado (Oswaldo Medina) y rechace la solicitud de medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía General en su contra.

“Ha sido uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. Y estoy aquí frenteando y mirándola a usted, señora jueza. Decirle que soy una mujer inocente, que voy a luchar por mi inocencia. Y quiero defenderme en libertad, como se lo dije a la Fiscalía”, señaló Ortiz quien tuvo que hacer varias pausas para tomar agua y aclarar la garganta.

La exconsejera presidencial ha insistido que la fiscal que lleva el caso le señaló durante las indagatorias la necesidad de aceptar cargos y buscar un beneficio judicial, situación a la que se negó rotundamente.

“La doctora Andrea Muñoz, la última vez que nos vimos, me dijo ‘yo sé que usted no se ha cogido nada’. Me lo dijo delante de todo el equipo. Yo voy a luchar por mi inocencia, voy a luchar por mi familia, por sacar a mis hijas adelante, a mi hija de doce años y a mi hija mayor”, aclaró.

Frente a los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la Fiscalía para pedir su detención, la exfuncionaria del Gobierno Petro indicó que jamás eliminó evidencia ni presionó a potenciales testigos para que cambiaran su versión.

“Señora jueza, frente a todo lo que hizo mi abogado, frente a las evidencias, frente a la eliminación de mensajes, ella dejó claro que jamás elimine mensajes, que no tengo nada que eliminar. Incluso mi celular que tengo es el mismo celular de hace más de un año y no lo voy a cambiar. Cuando usted lo requiera, se lo voy a entregar. ¿A quién lo requiera? Yo no tengo absolutamente nada que esconder”, manifestó.

Finalmente, le pidió a la jueza que tenga en cuenta el hecho que no cuenta con ningún tipo de antecedente judicial y que en los cargos en los que ha estado jamás se ha visto implicada en un escándalo o proceso.

“Nunca me cogí una moneda de cuero. Soy una mujer que me echó a pulso en la política. 25 años tuve que pasar en mi departamento de Boyacá para que llegara una mujer a ser política. Me ha tocado luchar contra toda la politiquería en mi departamento, contra las estructuras en mi departamento. Me ha tocado con mucho esfuerzo y hoy aquí estoy sentada, llegué a este espacio y estoy al lado del señor Presidente”, enfatizó.

Para Ortiz, su llegada a ese cargo, contrario a lo que dijo la Fiscalía, no tuvo relación con su afiliación al partido Alianza Verde ni por vínculos políticos. “Fue por mi trabajo. Él me llamó (en referencia a Petro) después de nueve meses de haber estado ya posesionado como Presidente”.

“Entonces, señora jueza, le pido de corazón que me dejen defender en libertad. Quiero demostrar mi inocencia ante el país y mirar a mis dos hijas como las miro todas las mañanas y decirles a ellas que vamos a salir adelante”, concluyó.

El próximo miércoles 18 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, la juez tercera de control de garantías de Bogotá definirá si acepta o no la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía General.