La hora de la verdad: procesos de Uribe y Cadena entran en su etapa clave

Este es un fin de semana decisivo para el uribismo. A diferencia de tantos otros, esta vez no están en juego millones de votos en torno a una gran batalla electoral. Por estos días está en vilo nada menos que la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la de su abogado Diego Cadena, quien a fuerza de las circunstancias se ha convertido en un personaje clave para el líder del Centro Democrático y sus seguidores.

El llamado a indagatoria de la corte a Uribe en octubre de 2019 y la resolución de situación jurídica derivada de ella, que se conocerán en los próximos días, no se pueden comprender sin el papel de Diego Cadena en el enredo. Finalmente la Fiscalía, después de meses de aplazamientos, imputó a este polémico abogado el lunes. Daniel Hernández, el fiscal a cargo, le endilgó los delitos de soborno y fraude procesal. Además, solicitó al juez imponerle detención domiciliaria.

La audiencia contra Cadena va por la mitad, y el lunes intervendrá su abogado defensor Iván Cancino. Prácticamente en simultáneo, los magistrados de la Sala de Instrucción que tienen en sus manos el caso de Uribe seguirán discutiendo la ponencia con la que se decidirá la situación jurídica del expresidente. Los hechos esenciales son los mismos, pero el expediente de la corte es mucho más abultado, pues durante nueve meses el magistrado instructor, César Reyes, adelantó decenas de interrogatorios y practicó múltiples pruebas documentales y técnicas. De hecho, la Fiscalía se apoyó en algo de ese material para sustentar la imputación a Cadena.

En síntesis, la Fiscalía imputa al abogado Cadena y al socio de este, Juan José Salazar, porque ambos sobornaron testigos y de esta manera obtuvieron declaraciones favorables para Uribe. El segundo cargo, fraude procesal, se sustenta en que con esos falsos testimonios trataron de inducir a error a la Justicia al usarlos para impulsar una denuncia que el expresidente formuló ante la Sala Penal de la Corte Suprema contra Iván Cepeda, a quien acusaba de fabricar testigos. La corte advirtió que detrás de los testimonios había gato encerrado, los verificó a profundidad y descubrió serias inconsistencias. Entonces, en 2018, decidió archivar la denuncia y abrir expediente contra el expresidente, al tiempo que compulsó copias para que la Fiscalía investigara a Cadena. Desde entonces Cepeda pasó de denunciado a víctima.

El fiscal Hernández estructuró su imputación contra Cadena en dos ejes. El primero tiene que ver con el testigo exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien desde hace lustros acusa a Uribe de haber auspiciado la creación del bloque Metro. El fiscal dijo que Cadena contactó a Monsalve en la cárcel La Picota y lo presionó para hacerlo retractar. El funcionario aseguró que Cadena le ofreció como prebenda a Monsalve un recurso jurídico para que la Justicia revisara su condena y ayudarle a presentarse ante la JEP. En su momento, las visitas de Cadena a Monsalve llevaron a la corte a desplegar un operativo de película. El testigo hizo saber a los magistrados que lo estaban asediando, y que el abogado esperaba recibir cuanto antes una carta de retractación.

De ahí se desprende el famoso episodio en que la esposa de Monsalve se reúne con Cadena en una cafetería en el centro de Bogotá. La mujer tenía micrófonos y el CTI, por órdenes de la corte, monitoreaba todo. Cadena, cuyo teléfono además estaba interceptado, esperaba conocer allí la carta de retractación y lograr radicarla como uno de los sustentos del recurso de reposición que Uribe estaba presentando ante la corte.

En la audiencia contra Cadena, el fiscal expuso con detalle toda esa historia y como elemento novedoso presentó mensajes de celular entre Monsalve y su mamá, los cuales darían cuenta de que también por ese lado lo asediaban. El otro eje de la imputación giró en torno al testigo, también exparamilitar condenado, Carlos Enrique Vélez. Hernández dijo que Cadena le ofreció a este 200 millones de pesos, y que tiene documentados pagos que suman 48 millones. Se trata de giros y entregas en efectivo a Vélez y a algunos allegados. El propio preso, en declaración ante la Corte Suprema el año pasado, reveló que lo habían sobornado y aportó recibos que documentan plata de Cadena dirigida a él. La Fiscalía presentó varios testimonios de personas que recibieron los pagos.

El lunes comenzará la intervención del abogado Iván Cancino, defensor de Cadena. El penalista tiene preparados audios, chats y argumentos jurídicos para contrarrestar la imputación. Respecto al testigo Vélez, el propio Cadena ha dicho que le hizo pagos, pero los justificó como gastos logísticos y auxilios humanitarios. Y después señaló que este lo estaba extorsionando. Frente a ese testigo, Cancino alegará que también la Fiscalía les paga a los testigos, y que “Vélez, siete meses antes de conocer a Cadena, ya había dado, bajo la gravedad de juramento y ante la Corte Suprema de Justicia, la misma versión que por el escrito le dio al abogado Cadena cuando lo visitó por primera vez en la cárcel de Palmira”. Asimismo expondrá audios en los que se escucha al testigo exigiendo dinero en términos poco amables.

En cuanto al testigo Monsalve, Cadena y el propio Uribe han contraargumentado que este envió mensajes de que se quería retractar. Es decir que Monsalve buscó al expresidente y no al revés. Con ese entender, el testigo le habría tendido una celada a Cadena para enlodar a Uribe. El abogado Cancino también cuestionará que la Corte Suprema haya interceptado a Cadena cuando este formaba parte del equipo de defensa legal del expresidente. Al respecto, de tiempo atrás la corte ha señalado que Cadena nunca presentó un poder para acreditarse como abogado en el caso. Cancino dice que eso no es un requisito y que es “ingenuo” que la corte, escuchando permanentemente las conversaciones entre Cadena y Uribe, no advirtiera que eran cliente y abogado.

El fiscal Hernández le dijo al juez que, por la gravedad de los delitos (ambos cargos tienen pena mínima de 6 años y máxima de 12), se requeriría una detención preventiva en cárcel contra Cadena. Pero que dada la situación de pandemia, la medida más adecuada sería la detención domiciliaria. La Procuraduría respaldó esa postura en su intervención el viernes. El abogado de Iván Cepeda, como se esperaba, pidió cárcel o que en su defecto la detención domiciliaria solo dure hasta que la crisis del coronavirus amaine.

El fiscal planteó uno de los puntos más polémicos de su intervención cuando insistió en que los cargos que le endilgaba a Cadena solo comprometían a este. “Él no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente [Álvaro Uribe]”, señaló Hernández. De esa manera, el fiscal limitó al abogado Cadena las irregularidades y sacó en limpio tanto al expresidente Uribe como al bufete del penalista Jaime Granados, defensor oficial del exmandatario. Los contradictores del expresidente señalaron que no era el papel de la Fiscalía emitir esas valoraciones; además contrarias a las conclusiones preliminares de la corte, que en 2019 citó a indagatoria al exmandatario por los hechos en cuestión. Otros juristas hacen una lectura diferente. Creen que el fiscal, al haberle imputado a Cadena el cargo de “soborno a favor propio o de un tercero”, está señalando que hay responsabilidad más allá del abogado.

Precisamente ese será uno de los puntos álgidos que deberá dilucidar la Corte Suprema al resolver la situación jurídica del expresidente en los próximos días. La Sala de Instrucción que decidirá el futuro de Uribe Vélez está conformada por los magistrados César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Como se sabe, Cristina Lombana no participa, pues quedó impedida debido a que era militar al tiempo que togada. Así que cinco magistrados votarán, pero debido a que el reglamento exige mínimo cuatro votos para tomar decisiones en los casos, no se descarta que, ante la falta de consenso, haya que llamar a un conjuez. Eso dilataría la decisión.

Los magistrados están ad portas de resolver la situación jurídica al expresidente Uribe. Esta etapa procesal significa que tras analizar el proyecto que presentó el magistrado instructor, la sala debe decidir si el caso precluye o continúa. Lo primero se puede dar por descartado, ya que en este expediente ya citaron a Uribe a rendir indagatoria. De seguro los magistrados seguirán con el caso, pero al darse resolución de situación jurídica en este sentido deben también decidir si hay mérito para imponer alguna medida de aseguramiento. Es decir, los cinco magistrados tienen que determinar si el expresidente debe ser privado de la libertad. Es incierto qué se sabrá primero: la decisión de un juzgado sobre Diego Cadena o la de la Corte Suprema sobre Álvaro Uribe.