Lo que faltaba: ahora la guardia indígena cobraría por uso del espacio público; en varias zonas del país se han declarado autoridad civil

Lo que viene ocurriendo con algunos integrantes de la guardia indígena en el Cauca no es un asunto para pasar por alto. Luego del video filtrado en redes sociales en el que ciudadanas de la zona rural de Santander de Quilichao denuncian que miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), les cobran 2.000 pesos por acceder al río San Pedro –que no tiene dueños y es público–, decenas de personas se sumaron a las quejas por presuntas actuaciones desproporcionadas de esta organización.

En el video se escucha a una mujer, con mucha molestia, reclamar a un miembro de la guardia indígena el porqué deben cancelar ese valor para acceder al afluente. “Es una orden de las directivas”, responde el hombre al ser encarado por la comunidad. Finalmente, y pese al escándalo, tuvieron que cancelar el peaje para ingresar.

“No es el único caso, esa es la punta del iceberg de lo que viene ocurriendo en el Cauca. Desde hace poco menos de un año, los indígenas se creen dueños de todo: de las vías, los ríos, las tierras, los cultivos y de las prácticas comunitarias. Son una organización mandamás y superpoderosa”, dice Argemiro Sanclemente, un empresario de Popayán.

Las denuncias van mucho más atrás, señalan que, por ejemplo, desde el derrumbe en Rosas, Cauca, y la habilitación de vías alternas, los indígenas establecieron peajes informales en algunas zonas para permitir el acceso de vehículos de carga.

“Atraviesan un tronco delgado y exigen pagos de entre 10.000 y 20.000 pesos, y uno por evitar roces los paga, así funciona ahora y es mejor no tener problemas”, señala Pedro Rodríguez, transportador de carga pesada.

SEMANA también se comunicó con empresarios y agricultores que se abstuvieron de opinar públicamente para “evitar represalias”, pero de manera anónima manifestaron que las atribuciones de la guardia son cada vez mayores.

Uno de los casos más complejos se vive en el norte del departamento, donde colectivos indígenas han invadido predios de ingenios azucareros y libran una disputa, que ya ha dejado varios muertos, con las comunidades afrodescendientes de Llano de Taula, Caloto y zona rural de Guachené.

“Nuestros antepasados se establecieron aquí desde hace más de 200 años, cuando están tierras se inundaban y no eran productivas, ahora que, con años de trabajo, las volvimos productivas, entonces quieren despojarnos. Nos dicen que esto les pertenece y que si queremos reclamar, que vamos a reclamar a África”, explica uno de los líderes afro de la vereda El Tetillo, Guachené.

Añade que el superpoder de los indígenas llegó impulsado por el estallido social, en el que el Cric desempeñó un papel determinante como juez, parte y autoridad no solo en Cauca, sino también en Cali, ciudad epicentro de violentos choques civiles con ciudadanos de los barrios Pance y Ciudad Jardín.

Pero la exhibición de poder de los indígenas va más allá: recientemente, en la Plaza de Bolívar desfilaron de manera desafiante mientras en el Congreso se discutían las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“(...) Hemos conversado y hoy nos toca salir; gracias a todos ustedes por acompañar el movimiento indígena colombiano”, dijo uno de los líderes indígenas desde la Plaza de Bolívar.

Ahora, la pregunta que queda sin responder es si el Gobierno nacional avala estas prácticas de presunto constreñimiento civil realizado por indígenas. ¿Está llamado el Cric a tomarse atribuciones de la fuerza pública?