La historia detrás de la tutela que podría cambiar la condena de Epa Colombia

“Han sido días muy difíciles”. Esta, tal vez, fue la frase que más resonó en la entrevista que dio el pasado 14 de febrero, la empresaria y creadora de contenido, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Barrera Rojas, quien fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión, reclamó que ya pagó por el daño que le causó a la estación de TransMilenio en el sur de Bogotá, en medio de las manifestaciones de noviembre de 2019.

Igualmente, lideró campañas de concientización dirigida a todos los usuarios del sistema masivo de transporte. Además, cumplió cada uno de los compromisos y citaciones que le impuso el juzgado. “Mi caso debieron revisarlo muy bien antes de condenarme porque me hicieron un daño muy grande”, le señaló a Noticias RCN.

En la extensa entrevista manifestó varias veces la falta que le hace su hija, quien tan solo tiene nueve meses de nacida. Hecho por el cual reclamó por la vulneración tanto de sus derechos como los de su bebé, pues no la ha podido lactar ni cuidar.

“Llevo 15 días sin verla y creo que es lo más duro; el tiempo no se recupera, las cosas materiales sí. Ha sido muy duro”, aseveró con la voz entrecortada y evitando romper en llanto.

Este hecho, el que no se hubiera tenido en cuenta, o siquiera citado en el fallo que la condenó: que es madre cabeza de familia y que está en proceso de lactancia, es la punta de lanza de la tutela que acaba de ser admitida para su estudio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como estableció SEMANA.

En la acción judicial se pide una medida cautelar para suspender los efectos del fallo y que ordenó que Epa Colombia cumpla su sentencia en un centro carcelario.

La tutela pide proteger los derechos fundamentales que habrían sido vulnerados con la orden de la Corte, que desconoció muchos factores de vida de la sentenciada.

El despacho de la magistrada Hilda González Neira ya recibió las respectivas respuestas de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema; la directora del Centro Penitenciario para Mujeres, en Bogotá; la Sala de Casación Penal; y la Fiscalía 40 Seccional de Bogotá.

La empresaria ha desestimado ser designada como gestora de paz, como lo manifestó su abogado Omar Ocampo, asegurando que en ningún momento ha hecho parte de grupos armados ilegales.

Epa Colombia fue capturada el 27 de enero pasado por agentes del CTI de la Fiscalía, cuando se encontraba saliendo de una de sus peluquerías en el sur de Bogotá.