Judicial
JEP ordenó el traslado de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que están en el Catatumbo
La decisión se tomó para proteger la vida e integridad de los exguerrilleros y sus familiares.
En medio de la grave crisis de orden público que se presenta en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Ejército Nacional el traslado urgente de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la región.
Esto con el único fin de proteger la vida e integridad de los exguerrilleros y su núcleo familiar que se encuentran “haciendo su tránsito a la vida civil” en Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.
Esto si se tiene en cuenta las amenazas que han venido recibiendo los firmantes por parte de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.
En la orden, emitida la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad se señala que el Ministerio de Defensa además debe mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en el NAR de Tibú, y localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz que se encuentran desaparecidos.
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¿Qué medidas tomará Petro con el estado de conmoción interior en el Catatumbo? Este es #ElDebate en SEMANA con @YesidLancheros y Jairo Lozano. https://t.co/utsHdR8vJ9
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 24, 2025
Finalmente se le pidió a las autoridades diseñar un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo Final de Paz y sus núcleos familiares y acelerar las investigaciones judiciales para esclarecer estos hechos. Entre el 15 y 22 de enero, manifestó la JEP, seis firmantes fueron asesinados en esta región (Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita)
En la orden emitida al Ministerio de Defensa la JEP pone de presente la grave situación que se presenta en el Catatumbo desde hace varios días. 30 civiles, incluidos varios firmantes del Acuerdo de Paz, han sido retenidos contra su voluntad y otros se han visto obligados a desplazarse.
La Defensoría del Pueblo señaló, en un informe preliminar, que 80 personas han sido asesinadas y al menos 11.000 fueron desplazadas por el conflicto. Debido a esto, se pidieron acciones de carácter urgente con el fin de ubicar y trasladar a los firmantes a zonas seguras.
Finalmente, la sección ordena al Ministerio Público, integrado por las Personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, diseñar una programación territorial con una estrategia enfocada en garantizar la atención urgente y masiva a los excombatientes del Catatumbo.
Finalmente, se le pidió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ordena entregar un informe detallado sobre el estado de sus gestiones y, de ser el caso, implementar medidas para garantizar el desembolso efectivo del seguro funerario a las familias de los firmantes víctimas de homicidio.
Así como el desembolso efectivo de la renta básica, priorizando el pago para todos los firmantes del Acuerdo que están en proceso de reincorporación en el Catatumbo y el desarrollo de un plan de acción para la continuidad de los proyectos productivos que se han visto afectados por la crisis de seguridad en la región.
La Sección le ordenó a la Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo diseñar una programación territorial con una estrategia enfocada en garantizar la atención urgente y masiva a los excombatientes del Catatumbo, para la toma de sus declaraciones y así empezar a activar las rutas de atención correspondientes, con el finde abordar la grave situación que enfrentan en su proceso de reincorporación.