Nación
Inspecciones de la SIC a la Registraduría y a la Cancillería terminan en juicio contra 16 funcionarios
La directora, Cielo Rusinque, ha defendido las acciones de la SIC. La Procuraduría formuló cargos contra el superintendente delegado de esa entidad.
La Procuraduría General de la Nación acaba de llamar a juicio disciplinario a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por las polémicas inspecciones que adelantó la entidad a la Registraduría Nacional y a la Cancillería.
En medio de los cuestionamientos que ha generado la visita de la SIC a Naturgas, tras el anuncio del aumento de las tarifas de ese servicio, la Procuraduría formuló cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otras 15 personas de la SIC que habrían participado en las presuntas irregularidades en las visitas administrativas a las sedes de la Registraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la decisión de llamar a juicio a los 16 funcionarios, la Procuraduría General explicó: “Lo analizado se ha evidenciado una posible infracción de normas disciplinarias. A ello hay que agregar que el acceso y extracción de información que tenía un carácter reservado o confidencial no puede quedar a merced de quien pudiera acceder eventualmente a la citada averiguación preliminar, de cara al marco normativo de competencia de la SIC”.
Y es que la visita de la superintendente Cielo Rusinque a a la Registraduría, en marzo del año pasado, generó bastante controversia después de que habrían intentado llevarse computadores y documentos de la entidad en lo que sería una investigación a terceros que tendría relación con Thomas Greg & Sons, la compañía que se vio envuelta en el caso pasaportes que dejó por fuera de la Cancillería a Álvaro Leyva.
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La SIC salió a responder sobre esa visita: “Únicamente con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual adelantados por la entidad, sin que ello implique una intromisión ilegítima en el normal funcionamiento de la institución”.
Días después, los funcionarios de la SIC llegaron hasta las oficinas de la Cancillería, en el centro de Bogotá, para obtener evidencia sobre supuestas prácticas violatorias del régimen de competencia, explicó en su momento la superintendente Rusinque.
La inspección generó reacciones como la del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), quienes manifestaron: “Nos preocupa profundamente la vulneración de los derechos de los trabajadores y que la información sensible manejada por la Cancillería sea comprometida en ese proceso”.
La Procuraduría reveló que en la visita a la Cancillería, según lo consignado en un acta, los funcionarios de la SIC habrían accedido a información de celulares personales de funcionarios como la asesora de la directora de Asuntos Migratorios, Adriana del Pilar Guzmán Otálora.
Así mismo, detalla el fallo: “Se evidenció, según actas, que se solicitó, accedió y extrajo información de computadores y correos institucionales de la citada servidora y de la funcionaria María del Rosario Linares Bucheli, quien indicó, de forma expresa, tener información confidencial que no estaba referida al objeto de la averiguación preliminar”.
La Procuraduría advirtió que los funcionarios llamados a juicio pueden estar comprometidos en una falta disciplinaria, teniendo en cuenta los fines de inspección y vigilancia. Y la evidencia demostraría que los documentos recopilados en esas visitas eran privados y no era propiedad de las empresas que estaban relacionadas con la actividad de la SIC.
