¿Golpe mortal a la justicia virtual? Así lo advierte el Colegio de Abogados Penalistas

Como un llamado de alerta para mantener con vida la justicia virtual en Colombia, el Colegio de Abogados Penalistas está advirtiendo por la posibilidad de que la Corte Constitucional declare exequible un artículo de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que estable que todas las actuaciones judiciales se deben hacer de forma presencial.

El asunto que parece de técnica jurídica, pero en realidad se convierte en un gigantesco retroceso para la administración de justicia, que en tiempos de pandemia empezó a trabajar de forma virtual, evitando costosos y peligrosos traslados de los detenidos, así como los de los abogados y fiscales, la acumulación de procesos y los largos turnos para obtener las audiencias.

El ejercicio obligado por la pandemia resultó un éxito, pero ahora, si la Corte Constitucional declara exequible el articulo 63 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, los avances se echarán atrás.

“La aplicación de las TIC en la prestación del servicio de Justicia representa la más importante revolución que ha tenido el sector en los últimos 50 años. Han sido tres años de un permanente aprendizaje y un avance en la manera que se deciden los procesos en Colombia de manera efectiva, pronta y visible frente a la comunidad con un importante ahorro de recursos para la comunidad y el Estado colombiano”, afirman desde el Colegio de Abogados Penalistas.

El vocero y presidente de la agremiación de penalistas, Francisco Bernate, agrega que “el retorno a la presencialidad no solo es un retroceso, sino una afectación de la guardiana de nuestras garantías a los derechos de la ciudadanía, los profesionales del derecho y los funcionarios judiciales. Durante estos años hemos visto como los procesos avanzan y han sido los apoderados, ciudadanos y jueces quienes han convenido los eventos en que se requiere la presencialidad sin contratiempos, con lo que se han superado los inconvenientes y las inquietudes respecto de la práctica probatoria en cada proceso”.

Sin que aún se conozca la decisión de fondo de la Corte Constitucional sobre esta ley, pero con información que señalaría que este artículo tendría la venía del alto tribunal, los penalistas agremiados plantearon a través de un comunicado que “como voceros de los litigantes en materia penal, encontramos que un retorno precipitado a la presencialidad afecta seriamente nuestros derechos y los de nuestros usuarios y tendrá un efecto inmediato en la prestación del servicio, como es un colapso en la programación de audiencias que supongan desplazamientos entre ciudades, o cruces de agenda, asuntos que creíamos hacían parte de un tortuoso pasado”.

Y lanzan la advertencia de que “donde mayor impacto tendrá una decisión que retome la presencialidad en la Justicia será en la población especialmente protegida, como madres o padres cabeza de hogar, personas privadas de la libertad y víctimas de delitos que hoy gozan de la garantía de la gratuidad y de no confrontación”.