Gerente de campaña al Congreso del Pacto Histórico, hoy minSalud, deberá explicar aportes de empresa a la que perteneció piloto señalado de narcotráfico

Bastante revuelo ha causado en el país la entrega del piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio a las autoridades de los Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos de narcotráfico.

El piloto estaría implicado en el escándalo de la narcoavioneta que tuvo lugar el pasado 23 de mayo de 2021, cuando un vuelo que salió de Guaymaral y aterrizó en el aeropuerto de Providencia con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102′752.000 pesos, camuflados en supuestas ayudas humanitarias, entre ellas medicinas de primera necesidad y tapabocas, para los habitantes de la isla que habían resultado afectados por el paso del huracán Iota y la pandemia de la covid-19.

Restrepo Osorio fue representante legal de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi S. A. S., dedicada al alquiler de helicópteros, labores aéreas de construcción, ambulancia aérea, taxi aéreo, entre otros servicios. Lo que llama la atención es que esta empresa hizo aportes económicos al partido político Pacto Histórico para la campaña de las últimas elecciones al congreso y habría transportado a varios de sus miembros, incluido el presidente de la República.

No obstante, la empresa de aviación Sadi S. A. S. ha sido enfática en aclarar que la avioneta que llevaba el cargamento de cocaína no era de su propiedad y, de hecho, portaba la matrícula norteamericana N722KR.

Entre los beneficiados con dichos aportes estarían Piedad Córdoba, Roy Barreras, Iván Cepeda, Álex Flórez, María José Pizarro, Wilson Arias, entre otros. Ya varios integrantes del partido de Gobierno han negado haber sido transportados por la empresa Sadi S. A. S., como es el caso del expresidente del Congreso Roy Barreras.

“JAMÁS he utilizado esa empresa. Primera vez que oigo de su existencia. Pediré a autoridades verificar si existe algún registro de servicio pagado a mi nombre, con mi firma o autorización. NO PUEDE HABERLO. Jamás los usé ni conocí. Si existiera algún uso indebido de mi nombre en alguna suplantación o falso registro, debe investigarse!”, dijo Barreras en su cuenta de X.

No obstante, en los aportes de campaña sí figura un rubro por el traslado de varios integrantes del Pacto Histórico y otro por aportes a la campaña del partido, ambos asignados en partes iguales a los principales miembros del Pacto que integraron las listas cerradas en la campaña al Congreso. Será el gerente de esa campaña, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual Ministro de Salud, quien tendrá que explicar cómo se distribuyeron esos dineros.

Las investigaciones a la campaña Petro Presidente

El Consejo Nacional Electoral ha estado al frente de la investigación de los aportes a la campaña Petro Presidente, tras las revelaciones del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, de que habrían entrado 15.000 millones en la recta final de la aspiración de Gustavo Petro a la presidencia.

Ante todos estos hechos, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal. El caso lo tienen los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Juntos expidieron un auto con fecha del 4 de julio.

Una de las pruebas que piden es “la apertura y manejo de las cuentas bancarias de la campaña en mención, en el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Consejo Nacional Electoral en el artículo 265 constitucional y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, que confiere la facultad de inspección a esta autoridad sobre la contabilidad de las entidades financieras”.

La Narcoavioneta

La Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud de extradición presentada en contra de Juan Camilo Cadena Botero, Harold Darío Rivera Toledo y Jorge Isaac Aguilar García, quienes fueron capturados en mayo del 2021 por el caso de la ‘narcoavioneta’.

Cadena Botero, el piloto de la aeronave, y Rivera Toledo, quien fungía como ayudante de carga, fueron detenidos cuando las autoridades hallaron el alcaloide en la carga que transportaban, que tenía como destino final Estados Unidos. El capitán Aguilar fue detenido pocos días después por, presuntamente, intentar evitar que el cargamento no fuera revisado por los policías en Providencia.

La avioneta, avaluada en 2.200 millones de pesos, fue objeto de extinción de dominio por orden de la Fiscalía General. Mientras tanto, las autoridades adelantan una investigación paralela para establecer la forma como se cargó la avioneta con los 446 kilos de cocaína y los 102 millones de pesos en efectivo en la base militar de Guaymaral en Bogotá.

En ese momento, los empresarios Carlos Eduardo Restrepo Osorio y Miguel Jaramillo Arango, propietarios de la avioneta, solicitaron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso penal y aseguraron que no tenían conocimiento ni participación en este caso.

En junio pasado, en las ciudades de Bogotá y Villavicencio fueron capturadas dos personas que también estarían involucradas en este caso y deberán responder ante la Corte Media de la Florida, Estados Unidos, por los delitos de tráfico ilícito de sustancia estupefaciente y concierto para delinquir. Se trata de Orman José Espinosa Uribe y José Ovidio Parra Rincón. Según las autoridades, ambos pertenecerían a la organización que había enviado el cargamento.