Exgobernador de Vaupés va a juicio por irregularidades en contratos entregados a dedo y con irregularidades que superarían los 3.000 millones

Contra las cuerdas se encuentra el exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez Caicedo, por la presunta entrega de multimillonarios contratos para garantizar asistencia técnica agropecuaria para la población indígena del departamento, los cuales habrían sido entregados a dedo, y en agremiaciones de comunidades de la zona que no tenían la capacidad de ejecutarlos.

No se trata de contratos de poca monta. Superaron en valor los 11.069 millones de pesos y los delitos que se imputaron al gobernador fueron los de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, con ocasión de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de contratos.

Los contratos investigados fueron celebrados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, y se ejecutarían con comunidades de Mitú, Carurú y Taraira.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado de policía judicial, estableció que el proceso de contratación habría sido direccionado para que quedara en manos de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú.

Además, habrían sido entregados a dedo y así lo señala la evidencia, “en la fase previa a la celebración de los contratos, no se realizaron las concertaciones o consultas previas con los pueblos indígenas que serían beneficiados, tampoco se gestionaron los permisos ambientales, ni se hicieron los estudios de mercado de rigor para tener claridad sobre el presupuesto de regalías que sería destinado”.

Según se pudo acreditar, fue escogida una asociación que no tenía por objeto la prestación de servicios de asistencia técnica rural o de extensión agropecuaria, ni figuraba en el registro de usuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú no estaba capacitada para cumplir con las actividades exigidas para orientar el desarrollo proyectos productivos.

De otra parte, el señor Vásquez Caicedo habría excedido sus competencias, en el entendido de que la contratación del servicio público de asistencia técnica agropecuaria les corresponde a los municipios, no lo podía asumir la gobernación.

Las evidencias permitieron identificar sobrecostos en los tres contratos por más de 3.263 millones de pesos, producto de erogaciones que superaron los precios promedio del mercado.