Tras el escándalo de las carpetas secretas urge enderezar la inteligencia

Decir de operaciones de inteligencia y contrainteligencia es una forma sutil para hablar del espionaje y contraespionaje que todos los países hacen. La inteligencia estatal es crucial y necesaria, aún más si se cuenta con peligrosos enemigos internos y un vecindario crítico, como es el caso de Colombia. No hay ninguna objeción si esa vigilancia estratégica se ejecuta debidamente. El problema surge cuando se evidencia –otra vez– que la inteligencia está orientada hacia blancos ilegítimos, sin cadena de mando clara, desprovista de controles y con propósitos inciertos. Todo eso reveló el informe de esta revista en su anterior edición sobre seguimientos informáticos a 130 personas, entre ellas, periodistas extranjeros y nacionales, congresistas y oenegés. El escándalo desató una nueva tormenta política y judicial que en los próximos días tendrá más desarrollos.

El martes están citados por el Senado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la cúpula del Ejército para un debate de control político. Se trata de una discusión que está en veremos desde enero, cuando SEMANA hizo la primera revelación sobre espionaje irregular por parte de inteligencia del Ejército.

Antes de que fuera publicado el informe de las carpetas secretas con los perfilamientos ilegales, el ministro de Defensa convocó a una rueda de prensa e informó que 11 oficiales habían sido retirados del servicio y que un general había solicitado la baja. Trujillo dijo que se trató de una decisión administrativa producto de una investigación interna debido a las denuncias que había hecho Semana en el pasado. Y luego recalcó: “El Gobierno rechaza los perfilamientos a políticos y periodistas, y por supuesto también rechaza, con inmensa preocupación, el perfilamiento del señor secretario general Jorge Mario Eastman, pues se ve claro que se había llegado hasta el propio despacho del jefe de Estado”. 

Las bancadas de oposición, y específicamente los congresistas ‘perfilados’, anunciaron que acudirían a instancias internacionales. Luego el Gobierno revirtió la designación de Nicacio Martínez como agregado militar ante la Otan. Y casi en simultáneo, el fiscal Francisco Barbosa dijo que llamaría al oficial retirado a entrevista judicial dentro del proceso que está abierto por las revelaciones. 

El debate en el Congreso –aunque virtual– será candente. El cuestionamiento de fondo es por qué este tipo de irregularidades se presentan reiteradamente. En las múltiples entrevistas que concedieron, los altos mandos admitieron que no sabían quién dio las órdenes ni qué destino tendrían las carpetas de perfilación. De otra parte, ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe creyó el cuento de que el Gobierno había procedido oportunamente. “Es grave que un Gobierno transparente se tenga que poner a reaccionar ante una denuncia en vez de proceder primero con iniciativa”. Además, el exmandatario se apartó de quienes ponen en duda la gravedad del tema señalando que las carpetas secretas contienen información de fuentes abiertas: “Así sea información abierta, sobre personas que no han cometido delitos, no tiene por qué tenerla la inteligencia del Estado. No queda bien para la democracia”, dijo el senador Uribe. 

Otra de las preguntas del debate tendrá que ver con cuántos recursos aportados por Estados Unidos terminaron empleados en las ilegalidades descubiertas. Un punto crítico, aún más considerando que varias de las víctimas son periodistas de importantes medios gringos o personalidades como el director de HRW, José Miguel Vivanco. El miércoles el periódico The Wall Street Journal publicó una nota en la que aseguró que la embajada de Washington en Bogotá está “profundamente preocupada con las denuncias sobre actividades ilegales dentro de las fuerzas armadas colombianas y sobre cualquier posible uso indebido de la asistencia estadounidense”.

La discusión política también dará pie para evaluar la ley de inteligencia y contrainteligencia, expedida en 2013. Se suponía que ese instrumento permitiría modernizar y blindar los procedimientos para desterrar prácticas como las chuzadas, seguimientos y perfilamientos ilegales. Pero no ha sido así. Algunos críticos como el propio Jorge Mario Eastman han señalado que la norma tiene fallas de control, como el no exigir que jueces o fiscales avalen previamente las misiones a ejecutar. Varios expertos cuestionan que la ley no hace una distinción expresa del rol de las distintas agencias. Es decir que hay linderos opacos entre la inteligencia militar, policial, judicial y estratégica, y es allí donde aparecen las misiones turbias. “Además, todo mundo quiere dar los grandes golpes y eso hace que unos se metan en los terrenos de otros”, dice un veterano agente de inteligencia.

El otro aspecto problemático es que luego de un lustro de expedida la ley de inteligencia, hay algunos de sus instrumentos que apenas se empiezan a implementar. Hace menos de un año la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso tuvo presupuesto y personal asignado para funcionar. Los ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro representantes) que integran este órgano de vigilancia y control ni siquiera han podido reunirse en esta coyuntura porque no cuentan con una plataforma digital que les garantice absoluta confidencialidad como lo ordena la ley.

Tampoco se ven resultados por parte del Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, creado en 2017 por mandato de la ley. A este ente, denominado SND, le corresponde determinar los criterios de permanencia, retiro, y el destino de los documentos y demás archivos de las agencias de inteligencia, incluyendo los espinosos archivos del extinto DAS. 

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad y facultado por ley para acceder a esa información reservada, lleva meses insistiendo poder revisar los archivos. Pero todo ha sido infructuoso. “Esa depuración se estableció justamente para evitar que la inteligencia se convierta en un arma política contra quienes deliberan dentro del marco de la democracia”, dice De Roux en un comunicado en el que pide al ministro de Defensa los documentos relacionados con los seguimientos y espionajes informáticos denunciados por SEMANA. La Comisión, en su misión de establecer la verdad histórica, considera que las chuzadas y los espionajes ilegales han sido reiterados a lo largo del conflicto y que muchas veces ese juego sucio ha dado lugar a actos de violencia contra los perfilados, campañas de intimidación y desprestigio. Por eso propone que este nuevo episodio sea la ocasión para llegar al fondo del problema y que se logren las transformaciones necesarias “para que no continué lo intolerable”.

Efectivamente, Colombia ha tenido la mejor y la peor inteligencia. La mejor es aquella que permitió evitar atentados terroristas, magnicidios, tomas armadas y la que condujo al rescate de secuestrados. La joya de la corona fue la Operación Jaque, que permitió sacar de la selva a Íngrid Betancourt y ponerla de vuelta en libertad sin disparar un solo tiro. No obstante, el país también ha padecido inteligencia retorcida. Es aquella que estigmatiza y pone en grave peligro a quienes denuncian, critican o piensan distinto dentro del marco democrático. La experiencia más oscura, sin duda, es el extinto DAS y sus vínculos con los grupos paramilitares.

“No es que haya que modificar la ley de inteligencia, sino más bien aplicarla debidamente, entenderla e implementarla. Y exigirle rendición de cuentas a los jefes de los servicios de inteligencia, a la Fiscalía y a la Procuraduría”, dice Vivian Newman, directora de Dejusticia y experta en la materia. Es un consejo oportuno. No se trata de enlodar a las agencias de seguridad del Estado ni de abocar un pulso de reformitis legislativa. Hay que buscar un debate político serio y que las autoridades tomen las determinaciones que lleven a que la inteligencia del país sea nada más que la mejor. Se trata de que la inteligencia genere seguridad, no miedo.