En firme acusación contra directivos de la compañía minera Drummond por presunta financiación al Bloque Norte de las AUC en Cesar

En una reciente resolución, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en su totalidad la acusación presentada por un fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional Drummond, respectivamente.

La decisión judicial resalta la existencia de abundante material de prueba que sugiere la presunta responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, específicamente en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, una conducta calificada como de lesa humanidad.

El fiscal a cargo del caso, perteneciente a la Dirección de Justicia Transicional, determinó que Linares Martínez y Jiménez Mejía, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2001, habrían inflado el valor de un contrato de suministro de alimentos con un proveedor, con el fin de obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas acciones, aparentemente, les habrían asegurado la protección de sus activos y les habrían permitido llevar a cabo sus operaciones mineras de carbón, en el departamento del Cesar, sin impedimentos.

El proceso judicial se está llevando a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 600 de 2000, que corresponde al antiguo Sistema Penal colombiano.

Drummond rechaza testimonio de exparamilitar en la JEP

El pasado mes de abril, la reconocida compañía Drummond salió en defensa propia y respondió a la declaración que el exparamilitar Jairo de Jesús Charris, conocido con el alias de Viejo Miguel, le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según la cual, los hechos que rodearon el asesinato de tres sindicalistas de la Drummond, hace ya más de 20 años, tuvo como protagonista y ordenador a la multinacional.

De manera reiterada, alias Viejo Miguel, señaló que estos asesinatos fueron ordenados directamente por Gary Drummond, dueño de la multinacional; así como por el presidente de la empresa en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, y el expresidente mundial de la misma, Mike Tracy. Estos crímenes fueron ejecutados por el Bloque Norte de las AUC, con los que la Drummond tenía una relación desde hace varios años.

En un comunicado de tres páginas, la compañía desmintió los señalamientos advirtiendo: “Lo que hay contra Drummond Ltd. es un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y, ahora, ante la JEP”.

Y señaló que Jairo de Jesús Charris “miente al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos”.

La compañía advirtió que el juez de EE. UU. que revisó la evidencia de esos pagos encontró que podían calificarse como “soborno de testigos y perjurio por soborno”. Ahora, señalaron que “Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad. Charris trató de extorsionar a Drummond y, a raíz de la denuncia que se interpuso por esos hechos y la colaboración que se le brindó a la Fiscalía, las autoridades pudieron encontrar a Charris en el lugar en que se ocultaba, y, de esa forma, fue capturado. Es evidente entonces la esperable animadversión y deseo de revancha de este sujeto contra Drummond Ltd. y sus directivos”.

“Los abogados que realizaron los pagos a Charris pretendían ganar las demandas que interpusieron en Estados Unidos contra Drummond Ltd. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que los jurados y jueces estadounidenses no han creído sus falsas afirmaciones y las han desestimado en todos los juicios. Las pruebas incluyen correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias realizadas periódicamente durante más de tres años y medio a Charris y su familia, por valores que oscilan entre un millón y medio y tres millones de pesos. Charris y su familia recibieron más de 60 millones de pesos”, explicaron.

Las órdenes, según el testimonio del jefe paramilitar alias Viejo Miguel, se dieron porque las directivas consideraban que los integrantes del sindicato eran guerrilleros de las Farc y estaban ayudando a este grupo subversivo en acciones contra los trenes que transportaban el carbón hacia Santa Marta. El exparamilitar aseguró que las órdenes eran claras y directas para acabar con la vida de los sindicalistas y que él mismo estuvo en los encuentros en los que se coordinó todo.

Para su ejecución fue clave la labor de Jaime Blanco Maya, un contratista de la multinacional y quien era el “enlace” de la Drummond con el Bloque Norte. Tras las preguntas de los magistrados, alias Viejo Miguel, quien se comprometió a contar toda la verdad en su sometimiento como tercero civil, entregó detalles sobre las reuniones y encuentros en los que se acordó acabar la vida de los sindicalistas Valmore Locarro y Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintraminergética.

En el comunicado, la compañía dejó claro que no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen.

“Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país y ha adoptado los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Empresa y Derechos Humanos. La compañía continuará colaborando con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan, demostrando su inocencia como compañía y la de sus ejecutivos, ante las acusaciones anteriormente referidas”, concluyeron.