Delitos graves y principios de oportunidad; así se cocina la reforma a la justicia que propone la Corte Suprema y la Fiscalía

Con la llegada de la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se conoció que este año la tasa de impunidad en procesos judiciales casi llega al 100%. Un panorama preocupante que le deja un sin sabor a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación.

Por esa razón, desde la Sala Penal del alto tribunal salió una propuesta para habilitar los preacuerdos en delitos graves contra menores de edad, homicidios, lesiones personales, entre otros.

Esa propuesta que ya estuvo en poder de la Comisión de Expertos que crean la reforma a la Justicia, en un principio pronosticaba que iba a dejar en libertad a pederastas y terroristas, pero fuente del alto tribunal explicaron que el caso regresó a la nueva ministra de Justicia, quien será la encargada de volverla a presentar con puntos reales sobre los beneficios que tendrán los acusados por delitos graves

Con esta explicación, la Corte Suprema de Justicia trata de descongestionar el sistema penal acusatorio que se viene represando desde hace 20 años, y el cual consistía en llevar a cabo una parte mínima de los procesos por el sistema ordinario y la mayoría de los casos sería procedimientos abreviados, como allanamiento de cargos o preacuerdos.

Pero la prohibición de esas herramientas en ciertos delitos, como contra menores de edad, ha dejado casos que duran años en la etapa judicial y nunca dejan un fallo condenatorio, lo que se transforma en un aumento inevitable a los niveles de impunidad en el país.

Frente a esa situación, la Corte Suprema y la Fiscalía se unieron para presentar una reforma a ley 906 que podría combatir la impunidad y no otorga a los señalados de ese tipo de delitos graves beneficios como la suspensión de la condena, prisión domiciliaria o libertad condicional.

Altas fuentes del tribunal le explicaron a SEMANA que la reforma que presentaron al Gobierno, se trata de darle una rebaja mínima a quienes acepten cargos en delitos contra niños y contra la vida. Con esa estrategia, se busca que a través de preacuerdos y rebajas de pena, exista penas “inmediatas y razonables” en casos que normalmente terminan en las estadísticas de impunidad.

Uno de los objetivos principales de esa reforma es sacar del entorno social al imputado y lograr condenar a los señalados de delitos graves. Sin embargo, con el retorno de esa iniciativa al despacho del gobierno, se incumplió la primera que hizo el exministro de Justicia, Néstor Osuna, de presentar esta reforma el pasado 20 de julio.

Otra de las modificaciones importantes que lleva esta idea de la Corte Suprema sobre el sistema penal acusatorio colombiano, se basa en los principios de oportunidad, los cuales estarían generando problemas a quienes colaboran con la justicia, pues en la mayoría de ocasiones ese beneficio termina suspendido hasta que inicie la etapa de juicio.

Con la reforma a la justicia que propone la Corte Suprema y la Fiscalía, también se estaría buscando la forma de que el beneficiario de un principio de oportunidad puedas declarar de manera anticipada para que pueda brindar una colaboración real que permita destapar escándalos de corrupción o grandes estructuras de crimen.

Uno de esos casos tiene que ver con los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes acudieron a esa herramienta para poder lograr menores condenas a través de la información que suministran para poder destapar la olla de corrupción que se cocinó en la UNGRD.