Defensoría lanza grave alerta: la guerra entre alias Mordisco y alias Calarcá está sin control y llegará a otros departamentos

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001-25, con el fin de advertir los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca (sector de Piamonte), luego de la fragmentación del anteriormente conocido Estado Mayor Central.

La reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias Calarcá Córdoba e Iván Mordisco han supuesto, en algunos casos, riesgos extremos, particularmente en medio de confrontaciones bélicas entre las partes y sus efectos humanitarios. Este es el caso de zonas como Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander, en Amazonas; Mesetas, en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo, y recientemente en Calamar, Guaviare.

En otros casos, el riesgo alto se determina por las tensiones entre los grupos disidentes, que se han expresado en violencias directas sobre poblaciones acusadas de apoyar a uno u otro bando, un reforzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, estigmatización de la población, entre otros hechos, que podrían conducir eventualmente a confrontaciones o un recrudecimiento de la violencia directa sobre la población. Esta situación se observa en Huila, Guaviare (San José y El Retorno), varios municipios de Caquetá, sectores del Meta, el Bajo Putumayo y Mirití Paraná y Puerto Alegría (Amazonas).

Entre las principales afectaciones que se identifican en la Alerta Temprana son:

• Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país.

• Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales.

• Desplazamiento forzado.

• Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.

• Contaminación del territorio por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI).

• Afectaciones al acceso humanitario. Riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias y/o participan del sometimiento a la justicia.

• La no gestión digna de cadáveres. Esta situación afecta de manera particular a comunidades indígenas y campesinas, muchas de las cuales ya enfrentaban históricas vulneraciones de derechos.

Recomendaciones a las entidades del Estado:

1. Presidencia de la República y Oficina del Consejero Comisionado de Paz: garantizar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos de Paz, priorizando las garantías de no repetición y el respeto al DIH en los acuerdos.

2. Ministerio del Interior: fortalecer las capacidades locales de prevención, priorizando medidas inmediatas de protección colectiva para comunidades en riesgo.

3. Fuerza Pública: diseñar estrategias de seguridad con enfoque de derechos humanos, evitando estigmatización y protegiendo a las comunidades en el marco del DIH.

4. Unidad para las Víctimas: brindar atención urgente y diferenciada a las personas desplazadas y confinadas.

5. ICBF: implementar medidas de prevención para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas.

6. Procuraduría:

- Acompañar los territorios en riesgo mediante acciones de veeduría activa.

- Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.

7. Entidades Territoriales:

Articularse con las autoridades nacionales para implementar mecanismos de protección temprana en los municipios focalizados. Además, se exhorta a todos los actores armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar a la población civil, de acuerdo con los principios del DIH. Igualmente, se hace un llamado a la comunidad internacional para fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y protección de derechos humanos en estas regiones.

Iris Marín Ortíz, defensora del Pueblo, habló en El Debate, de SEMANA, y señaló que las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo emitió no se atendieron. “El Ministerio convocó a una reunión virtual de bajo perfil, de bajo nivel, en la que no pudimos constatar compromisos específicos y extraordinarios, tal y como lo ameritaba la situación”, comentó.

La defensora manifestó que, hasta el momento, no han obtenido una matriz de respuesta acerca de las acciones que se llevaron a cabo para hacerle frente a la situación, antes de que la guerra estallara y que se pusiera en riesgo la vida de cientos de personas. “No tenemos una matriz actualizada de cuáles fueron las medidas que se abordaron”, afirmó. “La alerta tenía varias recomendaciones y tampoco tenemos constatación de que se hayan asumido por parte del Gobierno”, añadió.

Desde el 16 de enero, miles de personas escapan de la guerra en el noreste del país, donde guerrilleros del ELN atacan a civiles y se enfrentan con disidentes de las Farc que no firmaron la paz en 2016.

La Defensoría del Pueblo estima que el desplazamiento actual es el mayor desde 1997, cuando empezó el registro. “Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024″ cuando fueron 25.611, indicó la defensora Iris Medina. Se estima que más de 30.000 personas buscan salvarse de las balas y se desplazan a varias ciudades colombianas mientras la guerra se agudiza.