Defensoría lanza alerta por aumento de riesgos para defensores de derechos humanos y líderes sociales; preocupantes cifras

La Defensoría del Pueblo advirtió -este viernes- sobre la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, debido al crecimiento paulatino de los hechos de violencia de que han sido víctimas.

De acuerdo con el organismo, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, se registraron 593 homicidios, por lo que alertó sobre el aumento de los riesgos a que están siendo sometidos en varias regiones del país.

El titular de ese despacho, Carlos Camargo Assis, señaló que de acuerdo con esas cifras, en el territorio “se presentan en promedio, 15 víctimas por mes”, tras señalar que se deben tomar las acciones necesarias para contrarrestar esa situación.

El pronunciamiento fue hecho ante representantes de la comunidad internacional durante la presentación de la alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos.

Según el funcionario, en el mapa de riesgos “están identificados 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir en las dos terceras partes del territorio nacional”.

El defensor del Pueblo señaló que “el riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125″.

“Reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia, con el 79 % del total de homicidios”, dijo.

Explicó que el documento compendia actividades como el monitoreo, análisis, valoración y advertencia del riesgo en el mismo lapso de septiembre de 2019 a diciembre de 2022.

Del total de 593 víctimas, 519 eran hombres y 74 mujeres. Entre septiembre a diciembre de 2019, ocurrieron 51 homicidios; 182, en 2020; 145, en 2021; y 215, en 2022.

En relación con los lugares donde se produjeron estos hechos, el 52.6% fueron cometidos en 46 municipios de 14 departamentos (Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Magdalena, Arauca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Córdoba, Guaviare) y en Bogotá.

Además, la entidad registró un total de 2.974 conductas vulneratorias, de estas conductas, 2.851 fueron contra personas y 123 contra organizaciones y colectivos sociales y de derechos humanos. En cuanto a la afectación a personas, 2.028 fueron contra personas del sexo masculino y 823 del sexo femenino.

Violencia contra funcionarios de la Defensoría y personeros municipales

La Defensoría del Pueblo, llamó la atención de la violencia contra el sector comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, en los cuales usualmente ocurre la mayoría de casos registrados.

Indicó que también es preocupante la aparición de un importante número de conductas vulneratorias contra servidores públicos con labores de defensa de los derechos humanos, como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros, entre otros; además, activistas en derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, sindicales, líderes ambientales y gestores y/o constructores de paz.

Igualmente, advirtió que la exacerbación del conflicto armado y otras violencias conexas y la pandemia covid-19 que a los líderes les trajo fracturas en la comunicación con la comunidad; dificultades en la movilidad; afectación en su economía; más brecha digital y otras afectaciones sicosociales, en salud mental y autocuidado.

La amenaza está relacionada con la presencia, tránsito, acción, injerencia, control o confrontación de los grupos armados ilegales y del crimen organizado contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

En esa medida, señaló que la Alerta Temprana da cuenta del endurecimiento de su accionar y de la interferencia sobre los liderazgos sociales especialmente con ejercicios de control social y gobernanza criminal.

Advirtió que existen espacios, planes y programas para la prevención y protección en torno a los liderazgos sociales es una fortaleza estatal, pero que se ha visto menguado por las dificultades de la articulación institucional, tanto en lo nacional como en las diversas regiones.

“Esto, aunado a las acciones de grupos armados ilegales y del crimen organizado, potencia los riesgos contra las personas defensoras y líderes sociales”, indicó la entidad.

Finalmente, la Defensoría señaló que existe un subregistro de conductas vulneratorias contra los derechos de la población civil en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre los derechos de quienes ejercen un liderazgo social.

Dijo que esta situación se presenta por las dificultades de registro y denuncia, el aislamiento social que produjo la pandemia y la distancia que tomaron la población civil y las instituciones del Estado por las movilizaciones de 2021.

“Se debe trabajar más arduamente para la protección de estas personas y por eso entregamos 70 recomendaciones que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta y responsables principales con las que pretendemos impactar en la acción estatal, de cara a la mitigación o disuasión del riesgo Defensoría del Pueblo”, concluyó el defensor del Pueblo.