Defensa de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, pidió que sea enviada a una guarnición militar

Luego de conocerse la decisión de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá de enviar a la cárcel a Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, su defensa pidió que la medida de aseguramiento se cumpla en una guarnición militar.

En su recurso de reposición de la medida tomada en la mañana de este miércoles, el abogado Oswaldo Medina sostuvo que su cliente ha recibido amenazas e intimidaciones en los últimos meses, hecho por el cual se deben tomar las medidas para proteger su vida e integridad.

“Le solicito se sirva evaluar en su decisión la posibilidad de que sea enviada a un cantón militar”, precisó el abogado de la exfuncionaria. Igualmente, manifestó que existen otras medidas para garantizar la presencia de la exfuncionaria en el proceso penal.

En su extensa intervención, el jurista advirtió que la cárcel es la medida más extrema que establece la ley, por lo que pidió que se evalúen otras medidas de aseguramiento como la detención domiciliaria.

“La intramural que se le impone tiene una carga supremamente grave”, aseveró el defensor de la exfuncionaria. “También se puede imponer la obligación de no comunicarse con los medios de comunicación, de no recibir personas vinculadas con la investigación, naturalmente tendrá la prohibición de salir de su lugar de domicilio. Considera esta defensa que esas medidas cumplen el mismo objetivo y sería menos riesgo para la vida e integridad de Sandra Ortiz, ya que si está en una cárcel el riesgo es inminente”.

Finamente, aseguró que su cliente siempre ha estado atenta a las citaciones de las autoridades judiciales, respondiendo todas las preguntas y presentando sus pruebas ante los señalamientos que se han hecho en su contra.

En su intervención, el jurista manifestó que no se ha puesto de presente una prueba que permita inferir que la exfuncionaria incurrió en una manipulación de pruebas o presión a testigos.

La juez concluyó, luego de la solicitud de la Fiscalía, que la exfuncionaria tiene que estar privada de la libertad, por considerar que puede representar un riesgo para el proceso. La exconsejera podría pasar la Navidad en la cárcel de El Buen Pastor o en una guarnición militar, si se acoge la solicitud de la defensa.

“Se puede inferir de manera razonable que la consejera para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de entregar 3 mil millones, derivados de contratación de UNGRD con destino al presidente del Senado”, señaló la fiscal durante la solicitud de medida de aseguramiento.

Sandra Ortiz fue identificada, procesada y judicializada por la Fiscalía. Es, según los testigos en esta investigación, la responsable de llevar 3.000 millones de pesos, al entonces presidente del Senado, Iván Name. Era la “mensajera” y su responsabilidad fue expuesta por la Fiscalía durante la imputación de cargos. Ortiz rechazó los señalamientos del ente acusador.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, advirtió la fiscal María Cristina Patiño.