Decreto de conmoción, que dio medidas para atender la educación en el Catatumbo, pasó a control constitucional; ¿pende de un hilo?

Desde el pasado 27 de enero, la Corte Constitucional arrancó la revisión del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar. Pero ahora, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger ordenó la revisión del decreto que dictó medidas a la infraestructura y dotación educativa en medio de la guerra que se vive, en esa región del país.

Varias fuentes del alto tribunal le han detallado a SEMANA que en los próximos días saldría la decisión final sobre el decreto de conmoción, pero existiría un riesgo de que se caiga; sobre todo, por los antecedentes que ya han dejado sentencias como la que ordenó garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz en 2016. Así mismo, porque la violencia en el Catatumbo no era un hecho sobreviviente.

Pero mientras sale esa decisión, la magistrada Pardo ordenó: “Avocar la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0155 del 7 de febrero de 2025, ‘Por el cual se adoptan medidas en materia de infraestructura y dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media y educación superior, en el marco del estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar’”.

Este será uno de los retos más importantes que tendrá el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien deberá apoyar al Gobierno en las dudas que tiene la corte sobre ese decreto que permite la construcción de centros de educación básica superior en el Catatumbo, Cúcuta y Cesar.

Entre las principales dudas que tiene el alto tribunal aparece: ¿por qué resulta indispensable el presente decreto, para hacer frente a la situación de violencia que se vive en la región?; ¿cómo operaría la financiación de proyectos de construcción y dotación de infraestructura de carácter público en el nivel de educación interior, en los municipios establecidos en el decreto?; ¿cómo opera el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE)?

El alto tribunal también le pidió al Gobierno: “Indicar cómo el Decreto Legislativo 0155 de 20225, expedido por el Gobierno, mediante el cual se habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para intervenir en la viabiliazación de los proyectos de infraestructura modular educativa en el nivel de educación superior, antes limitada los niveles de educación inicial (…) solamente se refiere a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción”.

La corte también le planteó al Ministerio de Educación cómo se estableció la vigencia de ese decreto y las razones por las cuales no se está respondiendo a una problemática estructura. Otro de los interrogantes está alrededor de cómo la habilitación que se le dio al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para intervenir en proyectos de educación superior, cuando antes estaba limitado a educación inicial, va a apoyar la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

“¿Existe otro fondo de financiamiento de infraestructura educativa dirigido a la educación superior? En el caso en que la respuesta sea afirmativa, señalar las razones por las cuales dicho Fondo no puede hacer frente a las necesidades de financiación de la infraestructura requerida en la región del Catatumbo”, dice el documento que emitió la corte el pasado 18 de febrero.

El gobierno también deberá detallar qué estudios y diagnósticos se utilizaron como soporte para adoptar las medidas que se plasmaron en el decreto, para atender la infraestructura y la dotación educativa, en medio de los muertos, los desplazados, los confinados y miles de víctimas que deja la guerra en el Catatumbo.