Crisis de orden público en el Huila del país llegó a tribunales por la ausencia del Estado

La grave crisis de orden público que atraviesa el departamento del Huila terminó en una acción popular que llegó al Tribunal ante la falta de presencia de las autoridades competentes y del Estado. El recurso instaurado por la Fundación para el Estado de Derecho pide proteger los derechos de los habitantes de la región.

Desde la Fundación aseguraron que “el departamento del Huila vuelve a sufrir intensamente por la violencia. El miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el desplazamiento forzado y el hostigamiento a la ciudadanía crecen a diario, especialmente en los municipios de Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol. En los últimos dos años, estos municipios han visto su tranquilidad vulnerada debido al recrudecimiento y aumento de este flagelo en el territorio”.

Y es que el orden público se ha deteriorado tanto en el Huila que el exrepresentante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, denunció recientemente que las disidencias de las Farc hacen lo que les antoja sin que las Fuerzas Militares lo eviten.

El excongresista advirtió que “La vía La Plata-Gallego, de vital importancia para la competitividad y el desarrollo de la región y cuyos recursos gestionamos en compañía del entonces gobernador de Duzán y del entonces diputado y hoy alcalde del municipio de La Plata, Camilo Ospina, está paralizada y en riesgo latente debido a las extorsiones a las que está siendo sometida la empresa contratista Explanan SAS, de la construcción de la misma, por parte de las disidencias de las Farc”.

La FEDe explicó que la crisis de orden público que atraviesa el departamento de Huila se dio después de los ceses al fuego bilateral con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

“En el último año, y constantemente, se registran en los medios de comunicación y por medio del trabajo de los entes de control nuevos y más graves episodios de vulneración y amenaza a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos de los habitantes del departamento del Huila”, aseguró la Fundación.

Por esa razón llegó hasta un Tribunal la acción popular que busca proteger los derechos de los habitantes del departamento y salvaguardar los derechos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el uso del espacio público y la defensa de los bienes de uso público.

La Fundación ha detallado que “las autoridades locales y entes de control han alertado que, en el periodo de cese al fuego con estos grupos ilegales, se ha incrementado el despliegue armado y la expansión del control territorial en el departamento del Huila”.

De hecho, hasta la propia Defensoría del Pueblo ha alertado que se ha intensificado en Huila la “ausencia o presencia diferenciada del Estado, orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, en especial niños, niñas y adolescentes”.

El sablazo de la Fundación para el Estado de derecho fue contra el Gobierno al considerar que las medidas contra los grupos armados ilegales se han incumplido obligaciones constitucionales y legales para preservar la integridad en el territorio.