Corrupción en la UNGRD: la hora definitiva para Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones

Todo está listo para que este miércoles se reanude la audiencia dé solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz investigada por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD).

En la diligencia judicial se espera la intervención del delegado de la Procuraduría General, la defensa de la exfuncionaria; liderada por el penalista Oswaldo Medina; y los representantes de víctimas (la misma UNGRD y comunidades indígenas de La Guajira).

Esto después que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema pidiera medida de aseguramiento privativa de la Libertad en centro carcelario en contra de Sandra Ortiz a quien ya le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias esto por tener un papel fundamental En el envío de tres mil millones de pesos para el senador Iván Name en hecho registrados a mediados de octubre de 2023.

“Se puede inferir de manera razonable que la consejera para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de entregar 3 mil millones, derivados de contratación de UNGRD con destino al presidente del Senado”, señaló la fiscal durante la solicitud de medida de aseguramiento.

En la diligencia judicial, la Fiscalía General también señaló que Sandra Ortiz también tuvo conocimiento de la entrega de un contrato en el departamento del Atlántico por un valor de once mil millones de pesos para favorecer a Name.

Esto debido a que el congresista no tenía ninguna “inversión” en dicho departamento. “El 13 de octubre del 2023 se observa cómo a las 10:10 a.m. Sandra Ortiz llamó a Olmedo López sin obtener respuesta y éste le contestó que en el Atlántico, observando, que no tenía inversión”, reseñó la delegada de la Fiscalía General al citar uno de los interrogatorios rendidos por Olmedo López.

Esta información fue ampliada por Sneyder Pinilla en una de las extensas sesiones de interrogatorio ante el ente investigador en mayo pasado que advirtió la “intensidad” de la entonces consejera presidencial para las regiones para direccionar el contrato. “Me dice la importancia de ayudarle en el Atlántico al doctor Name”.

Detrás del direccionamiento de este contrato -según resaltó el exdirector de la UNGRD- siempre estuvo enterado el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, enfatizó la fiscal del caso al señalar que por la gravedad de la conducta y su posición la única medida de aseguramiento que se puede solicitar es la privativa de la libertad en centro carcelario.

Igualmente, se advirtió que la exfuncionaria -quien ha rechazado los cargos imputados- podría manipular la evidencia. Prueba de esto es que eliminó varios de los mensajes de chats que sostuvo con Sneyder Pinilla en los que daba órdenes, al parecer, para el envío del dinero al apartamento del senador Iván Name, en el norte de Bogotá.

Igualmente, uno de los integrantes de su esquema de protección habría cambiado la versión sobre los hechos que rodearon el uso de una de las camionetas blindadas para trasladar los tres mil millones de pesos hasta el domicilio del congresista los días 12 y 13 de octubre de 2023.

“Eliminar y modificar mensajes, usar lenguaje cifrado y transitar por lugares menos concurridos con el fin de no ser detectada en la comisión del delito (...) permiten evidenciar obstrucción a la justicia”, señaló la fiscal.

La defensa de la exfuncionaria presentará sus pruebas para derrocar la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General.