La pandemia disparó el virus de la corrupción en los contratos

Las contundentes cifras indignan. En los últimos dos meses ya van más de 500 procesos disciplinarios que comprometen a 26 gobernadores y 272 alcaldes del país por temas relacionados con actos de corrupción con las ayudas destinadas a atender a la población afectada por cuenta la pandemia. A diez alcaldes la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento por estos hechos y la Contraloría inició procesos de responsabilidad fiscal por sobrecostos y abusos en la contratación por la emergencia, que rondan el medio billón de pesos.

El 21 de mayo, durante una rueda de prensa conjunta, el procurador general, Fernando Carrillo; el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron estos datos y otras medidas. Dieron a conocer decisiones que ponen contra las cuerdas a una gran cantidad de mandatarios departamentales y municipales en el marco de la llamada ‘Transparencia para la emergencia’.

La Fiscalía imputará cargos y solicitará orden de captura contra los alcaldes José Manuel Ríos, Armenia (Quindío); Rummenigger Monsalve, Malambo (Atlántico); Luis Rhenals, Cereté (Córdoba); Claudia Porras, Socorro (Santander); Luis Balcero, Calarcá (Quindío); Jhon Ospina, San Pedro (Valle del Cauca); Jorge Vásquez, San Antonio (Tolima); Germán Herrera, Guaduas (Cundinamarca); Nelson Gómez, Palocabildo (Tolima); Rummenigge Monsalve, Malambo; Rafael Ospina, Coveñas (Sucre). El ente acusador los señala, junto a otras 32 personas, de los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos, entre otros.

La Procuraduría, por su parte, citó a juicio disciplinario al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León; abrió investigación a los mandatarios de Tolima, José Ricardo Orozco; Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. A esta última la Contraloría también le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el manejo de algunos de los millonarios recursos de la pandemia.

Tampoco se quedó por fuera de esta cascada de decisiones el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, José González, a quien las entidades de control investigan por un contrato para adquirir y entregar kits alimentarios en todo el país por 96.000 millones de pesos.

La Contraloría anunció que de los 3,1 billones de pesos destinados por el Gobierno para atender la emergencia, detectaron sobrecostos por 420.000 millones. Solo en seis gobernaciones no encontraron este tipo de problemas.

Uno de los casos emblemáticos involucra a dos oficiales de la Armada por presuntos sobrecostos del ciento por ciento al comprar un millón de tapabocas. Esa entidad también abrió un proceso contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un presunto sobrecosto en el suministro de alimentos para la población infantil durante esta emergencia sanitaria.

Todo lo anterior es tan solo una parte del desolador panorama de los dos meses que lleva la emergencia sanitaria, en los cuales funcionarios y contratistas vieron una oportunidad para lucrarse con los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables. Una actitud sin duda reprochable.

En medio de ese lamentable espectáculo, es rescatable la actitud de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que decidieron actuar en conjunto y de manera rápida y contundente empezar a tomar medidas para detener esa danza de millones de pesos y castigar a los responsables de expandir un mal particularmente despreciable: el virus de la corrupción.