Catatumbo: defensora del Pueblo dice que entregó la alerta al Ministerio del Interior. “Implicaba tomar medidas extremas urgentes”

SEMANA: ¿Qué reporte actualizado tiene la Defensoría del Pueblo de muertos, heridos, secuestrados y desplazados en el Catatumbo?

Iris Marín Ortiz (I. M. O.): En el Comité Territorial de Justicia Transicional, que se realizó el pasado jueves, se reportaron más de 36 mil personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, Ocaña y Tibú. El ICBF hablaba de 1.500 a 1.800 niños y niñas desplazados en Cúcuta, más de 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú. La cifra más sólida es la de los cuerpos que están en proceso de identificación por Medicina Legal. Hasta el martes por la noche, teníamos 35 cuerpos, de los cuales 33 ya han sido identificados.

SEMANA: ¿Ha hablado con el presidente Gustavo Petro o con alguien del Gobierno y ha sentido algún respaldo frente a esta emergencia?

I. M. O.: La Defensoría del Pueblo había hecho varias alertas tempranas estructurales desde el año 2020 y, particularmente, una alerta de inminencia que fue expedida el 15 de noviembre del año 2024. Las alertas estructurales hacen seguimiento a un territorio e identifican riesgos generales relacionados con el conflicto armado y la violencia.

Una alerta de inminencia es cuando esos riesgos generales se empiezan a concretar y se empiezan a focalizar, lo cual implica la necesidad de tomar medidas extremas urgentes. En la alerta del 15 de noviembre había tres escenarios de riesgo: el primero era la escalada del ELN debido, principalmente, a la suspensión del cese al fuego. Y otro escenario era que la coexistencia, entre el Frente 33 de las extintas Farc y el ELN, tendría una tensión y fue lo que terminó ocurriendo. La semana pasada se dio un ataque directo del ELN contra la población civil, con el pretexto de querer sacar al Frente 33.

SEMANA: ¿El gobierno de Gustavo Petro atendió esas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el Catatumbo?

I. M. O.: La alerta se entregó al Ministerio del Interior, que es el encargado de atender y coordinar la respuesta a las alertas. El Ministerio convocó a una reunión que se llama Ciprat, que es el comité de respuesta rápida, antes de terminar noviembre. Sin embargo, no pudimos constatar compromisos específicos y extraordinarios como lo ameritaba la situación. Hasta el momento, no tenemos una matriz de cuál fue el plan que se adoptó, no tenemos una matriz actualizada de cuáles fueron las medidas que se abordaron. La alerta tenía varias recomendaciones y tampoco tenemos constatación de que se hayan asumido.

SEMANA: El presidente estuvo en Tibú un día y después se fue a Haití. La sensación que queda es que el Gobierno va un día y se regresa a Bogotá, ¿en dónde está la presencia permanente dedicada del presidente en el Catatumbo frente a lo que está ocurriendo?

I. M. O.: Hoy está el ministro del Interior. También la Fuerza Pública ha sido clave para extraer a las personas que se encontraban en riesgo extremo de su vida. Hasta el martes, se habían extraído más de 300 personas en vuelos que iban desde Cúcuta, o desde Ocaña, hasta lugares del Catatumbo y recogían a firmantes de paz y a personas que estaban en riesgo extremo.

El ministro de Defensa estaba en la segunda fase, que es tomar control territorial de los puntos. También hay un PMU (Puesto de Mando Unificado) permanente, en el que hace presencia la Fuerza Pública. Sin embargo, es importante mantener esa presencia de alto nivel y la supervisión directa del presidente de la República, porque estas situaciones de extrema gravedad ya tienen una connotación internacional.

SEMANA: Para usted, que ha monitoreado muy de cerca esta emergencia, ¿cuáles son esas tres peticiones puntuales al presidente Gustavo Petro frente a lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué hace falta y en donde debería poner el énfasis el presidente?

I. M. O.: Lo primero es atender las alertas tempranas. Estamos viendo que no está funcionando la coordinación que hemos tenido con el Ministerio del Interior para realmente evitar que estas cosas ocurran. En segundo lugar, es necesario ocuparse de la atención humanitaria de las personas. Este drama está sobrepasando la capacidad de las entidades territoriales, de las alcaldías y de las gobernaciones.

Y en tercer lugar, algo que el Gobierno siempre ha dicho, es el tema de un enfoque integral de intervención en las zonas, una intervención para fortalecer la seguridad, la educación, la productividad, la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es decir, que la respuesta no sea solo la militarización, es importante agilizar las soluciones de fondo para esta región.

SEMANA: ¿La masacre en Tibú de Miguel Ángel López, de su esposa y su bebé de nueve meses, dio origen a lo que estamos viviendo ahora? ¿Quiénes fueron los autores y cuáles fueron las razones de esta masacre?

I. M. O.: La persona asesinada con su familia era un encargado de servicios funerarios que el Frente 33 asoció con servicios funerarios que prestaban el ELN. Una de las cosas que pasa es que prácticamente toda la población es señalada por un grupo de apoyar al otro, entonces ellos dicen que dan muerte a gente que es miembro del otro grupo, y particularmente el ELN dice que está yendo en contra de la gente del Frente 33. Pero aquí no están muriendo sólo combatientes, y tampoco están muriendo en combate, están muriendo personas que hacen parte de la población civil y en esta dinámica perversa de la guerra.

SEMANA: ¿Usted cree que en otras zonas del país está este riesgo de lo que ocurre en el Catatumbo?

I. M. O.: Sí, espero que no de esta magnitud. Más del 73 % de los municipios del país están alertados en este momento, no necesariamente con alertas de inminencia.

El martes expedimos una alerta para varios departamentos del sur del país relacionada con la confrontación entre el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de los Bloques, que hacían parte de la misma estructura y se fraccionaron el año pasado, y esto ha llevado a un combate especialmente en Guaviare, Meta, en parte de Amazonas y Huila.

Advertimos sobre la dinámica del reclutamiento forzado, que está muy alto en el Cauca: 300 casos de los 400 que se presentaron en el país. El 51 % son niños e indígenas que son reclutados en el Cauca, Nariño y en el Pacífico, y son llevados hacia Guaviare para que los ejércitos de alias Mordisco se engrosen para el combate con los ejércitos de Calarcá, que son quienes tienen más presencia en la zona.

SEMANA: ¿Considera que se debe replantear la manera en la que el Gobierno Petro está adelantando la apuesta por la paz total?

I. M. O.: Sí, yo creo que esa estrategia tiene varios puntos de mejora. Uno de los más importantes es la necesidad de tener una mirada territorial integral sobre varios grupos que hacen presencia en un mismo departamento o en una misma región. No es suficiente un cese al fuego. De hecho, a veces es contraproducente un cese al fuego bilateral, porque si ese grupo se enfrenta a otro, la Fuerza Pública tiene una ambigüedad sobre lo que puede hacer en un territorio. No es fácil para el Gobierno haber emprendido nueve procesos de conversaciones paralelos, pero yo creo que debería haber un tema de coordinación entre los diferentes procesos, que sea en el territorio, no sólo teórica.