Nación
Capturan a exalcaldesa de resguardo indígena por presunta corrupción: se habría robado $130 millones
Las investigaciones dejaron en evidencia como la mujer, al parecer, fue sacando el dinero de la cuenta bancaria.
La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas la judicialización de una mujer identificada como Nidia Marizabel Becerra Marín, señalada de corrupción por supuestamente apropiarse de dinero que tenía como objetivo la reconstrucción del acueducto de una comunidad en el municipio de Puerto Asís, ubicado en el departamento del Putumayo.
De acuerdo con el ente investigador, todo ocurrió en el 2018, año en el que la hoy procesada se desempeñaba como exalcaldesa del resguardo indígena Inga, que está ubicado en esta zona del país.
Al parecer, según el material probatorio que se ha logrado recolectar, la mujer se apropió de por lo menos 130 millones de pesos, dinero que estaba dispuesto para la reconstrucción del sistema de acueducto de esta población y de esta manera lograr que tuvieran acceso a agua.
La Fiscalía precisó que pese a que no se realizó el respectivo proyecto, Becerra Marín nunca explicó en qué se gastó el dinero. Labores de la Policía judicial lograron evidenciar que la plata, que estaba en una entidad financiera, presuntamente fue retirada de manera gradual por parte de la mujer.
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“Para esto, se cree, recurrió a cheques en los que aparecía su firma como titular de la cuenta. Esta situación fue confirmada en los extractos que solicitaron las directivas de la comunidad indígena al banco”, señaló el ente.
Después de realizar las respectivas investigaciones y detectar esta presunta acción cometida, se emitió una orden de captura en contra de la exmandataria y su detención se llevó a cabo por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Orito, que se encuentra en el mencionado departamento.
Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó a la hoy procesada el delito de peculado por apropiación. No obstante, en el desarrollo de las audiencias concertadas, la mujer no aceptó el cargo del que se le acusó.
La ley establece que el peculado es cuando una persona, funcionario o servidor público, malversa los fondos o capitales públicos. En otras palabras, se apropia o hace uso indebido de bienes o dinero público.
Cuando se hace referencia a que es peculado por apropiación, tal y como se está acusando a Becerra Marín, significa que la persona hizo mal uso del poder adquirido y utilizó los recursos públicos con un fin diferente al que tenían en un principio.
Este delito está contemplado en el artículo 397 del código penal y la persona que incurra en esta acción puede ser condenado de 96 a 279 meses de prisión, además de verse obligado a pagar una multa que que equivale el valor apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
