Arturo Char será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se desarrolla el proceso en su contra por presunta compra de votos

El recién capturado excongresista Arturo Char será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal en su contra por presunta compra de votos.

Char, quien se encontraba radicado en los Estados Unidos, se entregó este jueves ante las autoridades migratorias en Barranquilla, tras el llamado hecho por la Corte Suprema, que dictó orden de captura internacional en su contra en el proceso que se le adelanta por la presunta compra de votos para las elecciones del 2018 y corrupción electoral en el departamento del Atlántico.

Posteriormente, fue trasladado a Bogotá, donde se hizo efectiva su captura.

El excongresista no podría tener beneficios como la detención domiciliaria, pues a juicio del alto tribunal, el excongresista podría negarse a comparecer al proceso u obstruir la práctica probatoria y la actividad investigativa.

“Las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta resulta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad”, dijo la Corte.

Proceso en la Corte

El pasado 30 de junio, la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador Arturo Char los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Los hechos por los cuales Char Chaljub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017. En este, habrían intervenido un número plural de personas, entre otros, Arturo Char Chaljub y Aida Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por los hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.

De acuerdo con la Corte, “dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara, y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”.

Las pruebas contra Char

La principal prueba en contra de Arturo Char es el testimonio de la excongresista Aida Merlano, quien en varias declaraciones lo calificó como el “artífice” de toda la compra de votos en su campaña mediante el movimiento de grandes sumas de dinero que llegaron en la recta final de la campaña.

Además, una decena de testigos y evidencia documental, entre la que se destacan videos de las cámaras de seguridad de la Casa Blanca —sede de Aida Merlano en Barranquilla—, ubican a Char en el engranaje de todas las piezas que buscaban lograr la consolidación de los candidatos que habían recibido el aval de su casta política. Estos videos fueron pieza fundamental para emitir una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Char.

Rafael Antonio Rocha Salcedo, Francisco Rafael Palencia Borrero y Vicente Roger Rosanía, quienes participaron activamente en la campaña de Merlano al Senado, declararon la forma como se puso en marcha el sofisticado plan para contactar gente y comprar votos. Todos mencionaron la participación directa tanto de Arturo Char y varios integrantes de su familia, así como del empresario Julio Gerlein, quien era el principal promotor de la dirigente política conservadora.

Igualmente, coincidieron en afirmar que en la sede se movían grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales aumentaron potencialmente en los últimos días de la campaña. Además, contaron la “pelea” entre Merlano y Gerlein por las promesas incumplidas frente a un dinero que iba a enviarle y que, según sus propias palabras, llegó incompleto.

También se destacan las declaraciones de Edwin Martínez Salas, quien era gerente de la Casa Blanca y Evelyn Carolina Díaz Díaz, una de las personas encargadas de coordinar las finanzas. Ellos no dudaron en detallar que la campaña superó considerablemente los topes permitidos por las autoridades electorales, así como el envío de dineros de forma constante y personal por parte de los Char.