Adiós a la fumigación aérea con glifosato: ¿y ahora?

La lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, que hoy tiene más de 143.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, es una “partida de ajedrez” que viene desde hace casi tres décadas y que, por ahora, está en jaque. La estrategia de aspersión aérea ha tenido que sortear la oposición de los críticos que suelen acudir a la Corte Constitucional para que le ponga freno.

Primero se convirtió en la manera más efectiva de combatir el crecimiento de cultivos ilícitos y a ella han querido regresar desde el Gobierno, pero ha sido imposible. Esta semana, la Corte Constitucional le puso, nuevamente, puntos suspensivos al tema. El Plan de Manejo Ambiental que preparó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para la erradicación de cultivos ilícitos no pasó el examen de los magistrados, puntualmente de Cristina Pardo, ponente de la decisión que señaló que “no es posible concluir que en el trámite administrativo ambiental se haya garantizado el derecho a una participación pública”.

La carta sobre la mesa que puso en jaque la posibilidad, por ahora, de continuar con la aspersión aérea es una tutela que fue presentada por un ciudadano, José Ilder Benavides, en la que el argumento principal es que en Florencia, Caquetá, se realizó una audiencia pública y virtual sin la debida participación de las comunidades del sector.

Por un lado, la Corte ordenó a la Anla, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que, en el término de un año, prorrogable hasta por seis meses más, hagan un proceso de consulta previa. Un año que, sin duda, significa un paso atrás en la batalla que se viene dando.

Por esa razón, la Corte ordenó adelantar una consulta previa. El asunto de fondo es que el Gobierno quedó con las manos atadas, por la dificultad que significa realizar una consulta de este tipo en más de 104 municipios priorizados, para reiniciar la aspersión. La puja no es nueva. En 2015, el “banderillazo” a la aspersión aérea vino por cuenta de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.

El Gobierno Santos acogió los argumentos.En 2021, la Corte en una sentencia fijó las condiciones que se tenían que cumplir, por ejemplo: que su regulación y reglamentación estuvieran a cargo de una autoridad distinta e independiente del organismo encargado de implementar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Otra condición que fijó la Corte es que esta regulación debía derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y al medioambiente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), hubo una reducción del 7 por ciento en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020. Un descenso que resulta mínimo para las ambiciones del Gobierno.

Ahora, la pregunta es si consultarles a las comunidades significa no solamente un jaque, sino un jaque mate a la estrategia con la que el Gobierno pretendía darles una verdadera reducción a los cultivos ilícitos, uno de los temas más sensibles para la relación bilateral con Estados Unidos.Las fichas están sobre la mesa. Al actual Gobierno le quedan pocos meses y el debate se enciende de cara a unas elecciones en las que, por ejemplo, algunos candidatos como Gustavo Petro han calificado al glifosato como un elemento “mortal”. ¿Insistirá el próximo Gobierno las aspersiones aéreas? ¿La decisión de la Corte traerá un aumento significativo en los cultivos ilícitos y la resiembra en las mismas comunidades a las que se les va a consultar?