Abren investigación disciplinaria a exdirectores de Unidad de Víctimas por presuntas irregularidades en arriendo de inmuebles entregados por paras

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, exdirector de la Unidad de Víctimas, por presuntas irregularidades en los arriendos de 17 inmuebles que fueron entregados por paramilitares en el marco de Justicia y Paz.

También son investigados disciplinariamente Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas para la época de los hechos.

De acuerdo con la Procuraduría, los inmuebles fueron arrendados por valores muy por debajo del estimativo del mercado.

Es el caso, por ejemplo, de un predio denominado “La Esperanza”, que está ubicado en el municipio EI Dorado, en el departamento del Meta, y que cuenta con un área catastral de 6 hectáreas + 7500 m2. Este predio fue arrendado en 113.050 pesos mensuales en el año 2020, pese a que el canon estimativo mínimo era de 1.500.000 pesos.

De igual forma sucede con una oficina ubicada en la ciudad de Bogotá, en el edificio Inverpol, del barrio EI Chicó y cuyo valor estimativo del canon es de 8.889.000 de pesos, pero que fue arrendado en tan solo 55.940 pesos mensuales.

El ente de control, luego de la indagación previa, investiga la posible responsabilidad de los directores de la entidad y de los coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas en el período entre diciembre de 2018 al año 2022, quienes, al parecer, cometieron faltas disciplinarias relacionadas a los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles.

Los inmuebles que son objeto de la investigación de la Procuraduría corresponden a lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y parqueadero, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Cesar y Córdoba.

La Procuraduría indicó que iniciará la recopilación de pruebas a través de una inspección disciplinaria en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un dictamen técnico-científico.

Adicionalmente, la Procuraduría compulsó copias para que se investigue la posible pérdida o extravío de documentos que debían contener los expedientes, físico como digitales, de los respectivos inmuebles administrados por el Fondo de Reparación para las Víctimas.

La reparación de las víctimas

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló el mes pasado un oscuro panorama: alertó que no habría dinero para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, la cual podría tardar más de 100 años.

De acuerdo con el mandatario colombiano, en el Presupuesto General de la Nación no estarían los recursos necesarios para el proceso de reparación económica, el cual en su totalidad, indicó, superaría los $300 billones.

De allí, la polémica propuesta de utilizar los bonos del Banco de la República para indemnizar a las víctimas.

“Una propuesta con la que inclusive me excomulgaría el Banco de la República, y es que su emisión sea destinada para reparar víctimas, la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la financiación de víctimas de la violencia de Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, sostuvo Petro.

Y señaló: “No se puede hacer con el Presupuesto General de la Nación y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios, que ya fueron entregados, pero que no aparecen”.

“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr, no 24 billones de la Reforma Tributaria, más de 301 billones para contrarrestar la desigualdad, y esto va a requerir todo. Es un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos”, dijo al respecto la directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón.