La droga será el gran dolor de cabeza en la relación de Gustavo Petro con Donald Trump: Daniel Mejía presenta las impactantes cifras

La llegada por segunda vez al poder de Donald Trump en Estados Unidos llevará a dinámicas muy distintas en las relaciones con el Gobierno de Gustavo Petro. Una de las principales dimensiones en las cuales se sentirán los cambios es en la política de drogas. El Gobierno norteamericano ha sido un aliado de Colombia en la lucha antidrogas. Pero además de un aliado, evalúa cada año los esfuerzos que hace el Gobierno colombiano (y otros países productores o de tránsito) contra el narcotráfico. Por las cifras observadas sobre producción y tráfico de cocaína en los últimos años, y por lo poquísimo que tiene por mostrar el Gobierno Petro en materia de esfuerzos, la administración colombiana no la tendrá fácil.

En lo que tiene que ver con las cifras de producción y tráfico de cocaína en Colombia, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), los cultivos de hoja de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023 (aumento del 10 por ciento). Pero más preocupante aún es el incremento estimado de la producción potencial de cocaína, que pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023 (aumento del 53,3 por ciento).

En 2023 se alcanzaron récords históricos en número de hectáreas cultivadas como en estimaciones de producción potencial. Por más esfuerzos que haya hecho Petro y su ministra de Justicia para criticar y tratar de desmentir el informe presentado por UNODC (la vieja y desgastada estrategia de atacar al mensajero), las cifras que presenta anualmente la ONU siguen una metodología rigurosa y transparente, y muestran una situación muy preocupante.

Con las cifras, y estimaciones conservadoras de los precios a los cuales los grupos criminales colombianos (disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o el ELN) venden la cocaína en las fronteras, los ingresos por narcotráfico de los grupos criminales organizados como porcentaje del PIB podría haber alcanzado niveles entre el 4 y el 4,5 por ciento (en 2008 era de 2,3 por ciento y en 2013 de 1,2 por ciento). Con esto, los ingresos del narcotráfico de estos grupos en 2023 rondarían una cifra cercana a los 60 billones de pesos. Es un dato enorme, y les da un músculo financiero muy importante para financiar actividades criminales, aumentar en número de hombres y armas, y expandir su control.

Cuando se analizan las cifras recientes publicadas por el Gobierno en materia de lucha antidrogas durante la administración Petro, la situación es aún más preocupante. Según las cifras del MinDefensa, la erradicación manual de cultivos de coca pasó de 103.000 hectáreas en 2021 a 69.000 en 2022 y a 20.000 en 2023. En lo corrido de 2024, hasta noviembre, se habían erradicado solo 8.000 hectáreas, una disminución del 92 por ciento en esta administración.

El Gobierno ha insistido en un cambio de enfoque en la política frente a los cultivos ilícitos, en el que se ha querido hacer mayor énfasis en los programas de sustitución y menor énfasis en políticas coercitivas como la erradicación forzosa. Esto en el discurso, porque cuando se analizan las cifras objetivas, los esfuerzos son casi inexistentes: el porcentaje de ejecución presupuestal del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en todo 2023 fue inferior al 5 por ciento. Por el lado de las políticas de interdicción, el presidente Petro y su ministro de Defensa continuamente sacan pecho por cifras supuestamente récord de interdicción de cargamentos de cocaína.

Si bien es cierto que el número total de toneladas de cocaína incautadas ha aumentado (de 659 toneladas en 2022 se pasó a 746 en 2023, y en lo corrido del año pasado hasta noviembre se había incautado 820), como porcentaje de la cocaína producida, la interdicción ha disminuido durante la administración Petro: mientras que en 2021 se incautaba cerca del 48 por ciento de la producción potencial de cocaína, esta cifra bajó al 38 por ciento en 2022 y al 28 por ciento en 2023.

Estas cifras muestran que el Gobierno no la va a tener fácil en materia de política de drogas con la nueva administración de Washington, especialmente cuando llegue el momento de la evaluación y la certificación del Departamento de Estado cada año. Más allá de una mala nota o de una reprimenda diplomática, las cifras récord de producción y tráfico de cocaína, y los cerca de 60 billones de pesos que reciben los grupos criminales que operan en el país producto del narcotráfico, deberían ser materia de enorme preocupación.