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Estados Unidos sanciona a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le prohíbe la entrada al país por corrupción
La expresidenta habría estado involucrada en actos de corrupción durante su mandato, junto con el exministro de Planificación.

En un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, se confirmó que la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (CFK) y el exministro de Planificación Julio Miguel de Vido, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público.
“CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”, dice el comunicado.
Today, I announced the designation under Section 7031(c) of former President of Argentina, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, and former Argentine Minister of Planning, Julio Miguel De Vido, for their involvement in significant corruption during their time in public office.…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 21, 2025
El informe, que fue emitido este viernes, resaltó que el país norteamericano trabaja para promover la rendición de cuentas de quienes han abusado del poder en diferentes países. Esto corresponde al compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción a nivel global, según el comunicado. Como consecuencia de la designación a manos de Rubio, la expresidenta, el exministro y sus familiares no podrán entrar a Estados Unidos.
La opositora del gobierno de Javier Milei enfrentó cargos el diciembre del 2022, cuando un tribunal federal la condenó en la llamada “Causa vialidad”. Según el fallo de ese entonces, la expresidenta mantuvo “vínculos promiscuos y corruptos” con su empresario, Lázaro Báez, encargado de la obra pública en Santa Cruz, una provincia en la Patagonia que fue el centro de sus movimientos políticos durante su gobierno desde 2007 al 2015.

Los jueces la encontraron culpable de estar a cargo de una organización del Estado que benefició con cientos de contratos millonarios a Báez, quien a su vez retribuyó “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios con “las empresas familiares de la expresidenta”.
El cálculo judicial en ese momento alcanzó cerca de 84 millones de dólares. La exmandataria apeló en ese entonces la condena en primera instancia, sin éxito. Más adelante, en noviembre del 2024, la Cámara de Casación penal condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetúa por corrupción a Fernández.

Por su parte, de Vido ha sido investigado por las millonarias compras de barcos con gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015. Entre estos años, llegaron al puerto de Bahía Blanca y Escobar 497 barcos con GNL, la investigación inició luego de que un peritaje contable determinara que hubo un sobreprecio de más de 6.000 millones de dólares.
Cada barco tenía un valor de 30 millones de dólares en promedio, pero el Estado pagó 15.300 millones de dólares, lo que indicó un exceso de 6.900 millones de dólares, lo que abrió la investigación en el 2014.