El pulso por las regalías

A principios de abril, el Gobierno anunció un proyecto de ley más: el de las regalías, clave para el desarrollo del sector minero-energético. Busca balancear los recursos provenientes de estas actividades entre los municipios y departamentos productores y los que no lo son.

La reforma de principios de esta década, como explicó el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, buscaba que la mermelada –las regalías provenientes de la explotación de recursos no renovables– cubriera toda la tostada –el país–. La medida logró ayudar a cerrar brechas, a tal punto que, según el Departamento Nacional de Planeación, en la última década los recursos provenientes de las regalías explican 20% de la reducción de la pobreza.

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Sin embargo, la medida tiene otra cara. La disminución de los recursos en las regiones productoras hizo que estas empezaran a ver con recelo a las petroleras y mineras y generó tensiones sociales alrededor de los proyectos y las iniciativas. La reforma empezó a afectar la famosa "licencia social", con un agravante: cuando discutían la reforma, el petróleo estaba a US$100 por barril y el país se acercaba a producir un millón de barriles diarios. Pero luego todo se juntó: llegó el ajuste, les bajaron la participación a las regiones productoras y, al mismo tiempo, cayeron los precios internacionales del crudo.

Como advirtió el ministro Alberto Carrasquilla, las regalías tienen hoy dos ángulos para analizar. Por un lado, el coyuntural. El año pasado el presupuesto bianual de regalías terminó con $12 billones congelados porque los entes territoriales no los invirtieron. Y, por el otro, el estructural, pues el país apenas tiene reservas para 6 o 7 años y, si no hay petróleo, no habrá regalías.

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Esta reforma es clave por la importancia del sector minero-energético en la economía: representa entre 6% y 8% del PIB dependiendo del precio, es casi 30% de la inversión extranjera y 50% de exportaciones.

La reducción de los recursos de regalías para las regiones productoras preocupó a las industria petrolera y minera. Todo ello en medio de las tensiones sociales y las posibilidades de armar consultas populares que limitaran o impidieran las operaciones.

Sin embargo, el debate del presupuesto de regalías el año pasado, recientemente recordado por un funcionario público, evidencia la problemática. En efecto, todos pedían para educación, vías y salud, pero al mismo tiempo, no querían minería ni pozos de petróleo en sus regiones.

Esta discusión va a sumarse a la que viene en torno al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales –fracking– en Colombia. Por un lado, ofrece la oportunidad de incorporar nuevas reservas de crudo, pero también puede originar nuevas tensiones entre las regiones. Pues si esta técnica avanza estará concentrada en regiones específicas –como el Magdalena Medio santandereano– y esa zona podría ver aumentados sus ingresos. Pero por ejemplo los llanos dependerían única y exclusivamente del recobro de los pozos actuales y de eventuales descubrimientos que estarán lejos de convertirse en un nuevo Cusiana.

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La idea de devolverle algo de las regalías a las regiones productoras es saludable. Pero tiene dos problemas: el primero, que la reforma de Echeverry quería quitarle a pocos para darle a muchos y en el Congreso los muchos estaban representados. Ahora el proyecto busca lo contrario: quitarle a muchos para devolverle a pocos y por eso el debate será más intenso. El segundo problema tiene que ver con qué tanto les van a devolver a las regiones productoras y en qué condiciones.

La reforma a las regalías permitirá desarrollar proyectos que incorporen más reservas de petróleo, soportar el ajuste fiscal, hacer la transición hacia nuevos desarrollos productivos y garantizar la sostenibilidad de las regiones. Pero sin la participación y el apoyo de los municipios y departamentos productores, el país se puede quedar sin los proyectos y sin las regalías. El peor escenario.