¿Hacia dónde se fueron las inversiones del sector privado en la pandemia?

A la hora de planear el destino de la inversión social privada, muchas empresas se hacen la pregunta del millón: ¿a qué población llegar? La decisión varía según el sector, los objetivos de la compañía y su área de influencia, entre otros factores. Según el índice de inversión social privada (IISP), el año pasado hubo para todos. Las empresas buscaron así atacar las mayores dificultades que enfrenta el país.

Por ejemplo, el 60 por ciento de las inversiones sociales se destinaron a poblaciones vulnerables. Un 42 por ciento tuvo como público objetivo las poblaciones rurales, sin mostrar cambios significativos frente al año anterior. Además, 12 por ciento se concentró en municipios PDET, y 2 por ciento, para atender la población migrante de Venezuela.

Pero las compañías definieron prioridades. En el caso de Bancolombia, la población rural y los pequeños productores fueron el núcleo de las inversiones sociales, según explicó su presidente, Juan Carlos Mora. La entidad financiera abarca cuatro focos: agronegocios, educación, turismo de naturaleza e infraestructura para la ruralidad.

En 2020 invirtió más de 14.800 millones de pesos en sus proyectos sociales mediante la Fundación Bancolombia. De esa cifra, 11.945 millones de pesos atendieron la pandemia en materia de salud, alimentación y reactivación económica.

En términos generales, la distribución de la inversión social por actividad tuvo unos cambios de comportamiento importantes, explicados por la llegada de la covid-19 al país. La solidaridad del sector privado para aliviar la crisis económica y social fue notoria.

Las compañías emplearon el 23 por ciento de la inversión social en ayuda humanitaria y donaciones, un aumento de 21 puntos porcentuales frente a 2019 cuando esta actividad se llevó solo el 2 por ciento. La segunda con mayor crecimiento fue la salud: un aumento de 10 puntos porcentuales al registrar 15 por ciento en el año de la pandemia en contraste con 2019, con 5 por ciento.

El 3 por ciento de las compañías dirigieron su inversión social privada al medioambiente, registrando un aumento de 2 puntos porcentuales frente a 2019. Las destinaciones en género y fortalecimiento institucional crecieron un punto porcentual y llegaron a 2 por ciento en 2020.

Sin embargo, no a todas las actividades les fue igual. Por la pandemia, las compañías redefinieron sus inversiones y para muchas atender las consecuencias de la covid-19 fue una prioridad. Muestra de ello son las contracciones en la financiación de los sectores de infraestructura, desarrollo rural y educación e investigación.

El primero registró una caída de 26 puntos porcentuales en 2020: solo el 7 por ciento se destinó para la infraestructura; en 2019 era la actividad que más pesaba, con un 33 por ciento. El 10 por ciento de las inversiones se emplearon en desarrollo rural, y 11 por ciento, en educación e investigación. Estas dos se contrajeron 4 puntos porcentuales entre 2019 y 2020.

BBVA, por su parte, asigna el 1 por ciento de sus utilidades anuales a las iniciativas de responsabilidad corporativa. Sus ayudas suelen estar orientadas hacia los programas de acceso a la educación para niños y jóvenes en todo el país, becas profesionales y educación financiera, dedicando cerca del 70 por ciento. En 2020 se sumó la atención a la pandemia, la ola invernal y el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia, completando un presupuesto de más de 8.000 millones de pesos.

El IISP reveló que el 22 por ciento de las inversiones sociales son orientadas a personas en situación de pobreza; 20 por ciento, a niños, adolescentes y jóvenes; y 7 por ciento, a mujeres en situación de vulnerabilidad. Los adultos mayores, las comunidades étnicas y las mujeres cabeza de familia reciben el 5 por ciento cada uno.

La gerente de Sostenibilidad de Juan Valdez, María Camila López Rojas, indicó que la compañía dedica su inversión social al desarrollo socioeconómico de la población cafetera y la vulnerable, con un enfoque de género e integración generacional. “Esto lo logra a través de programas o inversiones que tengan como objetivo el crear mejores condiciones económicas, productivas, sociales, ambientales y de proyecto de vida en las poblaciones beneficiarias”, dijo.

Los programas Mujeres Cafeteras y Renacer se destacan entre las iniciativas de la compañía; el primero está encaminado a la equidad de género, y el segundo, a los jóvenes cafeteros. La inversión social de Juan Valdez para 2020 representó el 1 por ciento del total de sus ingresos operacionales, es decir, más de 1.428 millones de pesos.

La protección de bosques es hoy uno de los focos hacia donde más se va la inversión social ambiental de carácter voluntario, con un 19 por ciento, seguido de gestión de residuos y materiales, con 16 por ciento. Estas dos variables fueron las que más crecieron en 2020, mostrando aumentos de 14 y 11 puntos porcentuales frente a 2019, respectivamente.

Yerges Rodríguez, gerente general de Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco), explicó que mediante la Fundación Fundeban, durante 2020, invirtieron 2.200 millones de pesos en el mejoramiento integral de las condiciones de vida de las comunidades en las zonas de operación bananera de Magdalena, Cesar y La Guajira; impactaron a 313.771 personas.

La siembra de 420 árboles frutales y maderables propios de la región, la entrega de 7.000 kits educativos, la donación de 5.300 mercados y 213 toneladas de banano que contribuyeron a mitigar la escasez de recursos durante la contingencia y el mejoramiento de 117 viviendas se destacaron entre las labores sociales de Fundeban.

No solo las empresas que invirtieron en los municipios PDET aumentaron su ayuda social en un 200 por ciento frente al año anterior –de 152.000 millones de pesos reportados en 2019 a 449.000 millones de pesos en 2020–, sino que más compañías se sumaron a la movida de llevar su asistencia a tales poblaciones. Mientras que en 2019 el 45,1 por ciento de las empresas invirtieron en los municipios PDET, en 2020 esta cifra aumentó a 55 por ciento.

El 95 por ciento de las inversiones de carácter social que lleva a cabo Drummond las destinan a los municipios PDET. José Miguel Linares, presidente de la minera, explica que estas corresponden a su área de influencia, la cual está determinada en sus obligaciones ambientales y donde hay diferentes poblaciones rurales vulnerables. “Para Drummond todas las inversiones son importantes, y más aún en territorios que necesitan ser fortalecidos en todos los aspectos”, dice.

En 2020 inyectaron más de 53.000 millones de pesos en programas sociales. Por lo general, la mayor parte de las inversiones de esta compañía se dirigían hacia la educación y la formación; sin embargo, por la pandemia, Drummond priorizó sus asignaciones para responder a las necesidades urgentes del territorio. En total, 6.700 millones de pesos se destinaron para atender la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

La pandemia creó nuevos desafíos para la inversión social en el país. Sin embargo, la mejor focalización de las prioridades en las empresas permitió que los recursos llegaran a aquellas causas que más atención necesitaban. Sin duda, las compañías han dado una lección de cómo, con un enfoque colaborativo, se logran mejores resultados.