¿Llegó el alivio al bolsillo? Gremios acogen alternativa que propuso el Gobierno para reducir las tarifas de energía. Esto caerían

Hace unos días, desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro impartió una orden al Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía, que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los hogares colombianos por los incrementos que han registrado.

Una de las variables que pesa en esa ecuación es la denominada opción tarifaria, es decir, un mecanismo que se usó en la pandemia para cobrar menos a los usuarios, para reducir el golpe en las finanzas de las familias, pero con la expectativa de cobrar esos valores posteriormente en el tiempo.

Y así lo han hecho distintas distribuidoras, decisión que coincidió con incrementos de la inflación y unos mayores precios en la bolsa de energía producto de los efectos del fenómeno de El Niño. Y una de las regiones que más impacto ha experimentado con estos incrementos ha sido la Costa Atlántica y los departamentos que la componen.

En su intervención, el jefe de Estado dijo: “Estamos de acuerdo y es un compromiso del Gobierno nacional, y es la nacionalización de la llamada opción preferencial, una deuda que las familias tienen con las empresas de energía eléctrica por decisión de Duque. Hemos acordado que la Nación paga esa deuda a cambio de las familias. Hay que tomar decisiones antes de un mes”, señaló, dirigiéndose a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía.

Incluso, hasta Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, salió a respaldar la propuesta del mandatario: “Noticia grande. Para bajar las tarifas de energía en la Costa Caribe, el presidente Petro anuncia que las deudas que dejó el Gobierno Duque a través del decreto de “opción tarifaria” y que fueron trasladadas a los usuarios, serán titularizaras. Es decir, asumidas por la nación”.

Hoy jueves 9 de mayo, los gremios del sector, apoyaron la idea del presidente Petro. En un comunicado suscrito por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, celebraron y acompañaron la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunciada el 7 de mayo en la ciudad de Barranquilla, de que el Gobierno Nacional asumirá la deuda asociada a la opción tarifaria, “en línea con lo que habíamos planteado previamente”, aseguraron.

Esta medida implica el pago por parte de la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores, que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y, además, están en proceso de recuperación de sus saldos. “Esta decisión se convertirá en un alivio efectivo para las tarifas de los usuarios a los que se les viene cargando este valor, en un momento importante para el país”, advirtieron los gremios.

Sus cálculos son los siguientes: el monto total estimado de los saldos acumulados que hoy se tienen es de alrededor de $5 billones, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe; según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19% de la tarifa actual.

“Adicionalmente, destacamos todas las iniciativas de implementación de techos solares y generación distribuida que ayudarán a aportar más energía limpia al país y a proporcionar mayores herramientas para que los usuarios tomen decisiones sobre sus propios consumos, que deben ser cada vez más eficientes. Los gremios en mención apoyamos en forma decidida las Comunidades Energéticas y el empoderamiento que estas representan para los usuarios del país” agregaron los gremios en su comunicado.

Por último, ratificaron y reafirmaron su mayor disposición para “seguir contribuyendo en la construcción e implementación de medidas sostenibles, consultadas y evaluadas, que respondan al ordenamiento constitucional y legal vigente, permitan garantizar el abastecimiento seguro y confiable de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, en el marco institucional actual a través de espacios de participación amplios e incluyentes con todos los actores del sector”.

El año pasado, Asocodis envió una carta el Ministerio de Minas y Energía advirtiendo las dificultades financieras de los distribuidores y comercializadores de energía, no solo por la opción tarifaria, sino por los retrasos en los pagos de los subsidios de energía y la cartera de entidades públicas, como hospitales, clínicas y cárceles.

En la misiva quedó en evidencia la preocupación por la situación de liquidez que atraviesan las empresas comercializadoras del país. “Continúa empeorando debido a las demoras y la falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en dos billones de pesos y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez”, sostuvo José Camilo Manzur, director de Asocodis, en esa oportunidad.

Los cálculos del gremio, en ese momento, advirtieron que el valor de ese apagón financiero en la actualidad se acerca a 7,2 billones de pesos, que equivalen a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas sus empresas afiliadas.