Una deuda inaplazable: el llamado a proteger las comunidades étnicas en el posconflicto

Por lo menos en papel, Colombia tiene leyes muy avanzadas frente a los derechos humanos y de minorías étnicas. Infortunadamente, lo que se aplica en la realidad está sujeto al clima político del día y a su consecuente financiación. Esto demuestra que se requiere aumentar la conciencia de la sociedad colombiana en lo referente a las realidades que enfrentan las comunidades étnicas, como consecuencia de la marginalización, el colonialismo, el rezago de la esclavitud y el racismo estructural. En muchas situaciones, las personas que pertenecen a estas comunidades reciben un trato diferencial, que no es siempre acorde con sus derechos o con las aspiraciones de quienes lideran estas comunidades.

En 2016, Colombia vivió un momento histórico, no solo por la firma del acuerdo de paz con las Farc, sino porque dicho acuerdo incluyó un capítulo étnico que salvaguarda los derechos colectivos e individuales de afrocolombianos e indígenas. Fue particularmente innovador que dicho capítulo haya sido elaborado en conjunto con representantes de dichas comunidades, quienes se embarcaron en una campaña nacional y global para conseguir que se escucharan y se integraran sus recomendaciones al acuerdo. Hubiera sido un paso gigante si, además de haberse firmado dicho capítulo, también se implementara con veracidad. De ser así, se podría afirmar que Colombia está avanzando en la labor de sanar su pasado turbio, ese en el que la deshumanización y el maltrato de estos grupos étnicos fue sistemático. Todavía falta que el país dé pasos adelante no solo para rectificar ese pasado que causó tanto daño, sino para cambiar el rumbo hacia una democracia pluriétnica, que respete e incluya la diversidad.

Los afrodescendientes e indígenas son desproporcionadamente representados en las filas de las víctimas; esto, porque después de que se reconocieron los derechos afrocolombianos en la Constitución Política de 1991 hubo una arremetida de grupos ilegales en los territorios donde estas poblaciones habitaban, con el fin de controlarlos y someterlos a las economías ilícitas, o desplazarlos para tener acceso a los recursos naturales que allí se encontraban. El paramilitarismo unió sus intereses con algunos políticos y miembros de la fuerza pública, y se dedicó a despojar civiles con el propósito de imponer una nueva economía en muchos territorios. Los líderes étnicos que se resistieron y defendieron su territorio y autonomía fueron acusados de impedir el desarrollo del país, de promover los disturbios o de pertenecer a grupos guerrilleros. 

En la actualidad, pese a la desmovilización de las Farc, esa situación no ha cambiado en muchas partes donde habitan estos pueblos. Seguimos viendo un alto número de asesinatos y amenazas de muerte contra los líderes étnicos: la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) reporta que 58 por ciento de los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia en 2018 eran afros o indígenas.

Durante el proceso de fast track que siguió a la firma del acuerdo, pese a todos los obstáculos, las comunidades étnicas lograron que en el Plan Marco de Implementación se incluyeran 98 indicadores sobre el capítulo del acuerdo que les concierne. Sin embargo, en el informe sobre la implementación de los acuerdos, presentado en julio de 2018, el Instituto Kroc afirmó que, de las 13 disposiciones de dicho capítulo, “siete (54 por ciento) no han iniciado implementación, cuatro (31 por ciento) están en etapa de implementación mínima y dos (15 por ciento) se encuentran en una etapa de implementación intermedia”.

Si el Gobierno quiere prevenir que ocurran más muertes de líderes sociales y abusos contra comunidades étnicas, debería reconocer, apoyar y fortalecer la Instancia Especial de Alto Nivel Para Pueblos Étnicos (Ieanpe). Esto permitiría avanzar en la verificación rigurosa de la implementación de este capítulo e impulsar los valiosos esfuerzos interétnicos, absolutamente necesarios para construir la paz en los territorios. Además, dicho mecanismo podría armonizarse con espacios existentes de interlocución sobre asuntos étnicos con el Estado y establecería un diálogo integrador que priorice de mejor manera el enfoque étnico en la paz. Finalmente, por medio de esta instancia se podría también fortalecer y coordinar con el Estado, de forma complementaria, una visión integral de protección para garantizar la seguridad de estas comunidades.

Transformar la situación de seguridad en zonas étnicas no es fácil y, como lo ha demostrado la militarización, no existe una fórmula rápida. Dicha transformación abarca muchos elementos, como la correcta implementación del acuerdo de paz y la aplicación del capítulo étnico, en particular en lo referente al fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de estos pueblos, como son las guardias indígenas y cimarronas. También hay que buscar soluciones para avanzar con la desmovilización de otros grupos armados que aún operan en territorios étnicos, lo cual obliga a la activación de la mesa de diálogos con el ELN y al reconocimiento e implementación de lo planteado en el documento Acuerdo humanitario ¡ya! en el Chocó. Adicionalmente, con el objetivo de reducir las economías ilegales en territorios étnicos, es necesario desmantelar sus operaciones económicas, anular los proyectos inconsultos, sancionar a los responsables de estos delitos y, a su vez, apoyar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y los planes de etnodesarrollo de organizaciones afrocolombianas. La única forma de hacer lo mencionado es con la concertación de las autoridades étnicas, muchas de las cuales están bajo amenaza y en situaciones muy precarias. En consecuencia, el fortalecimiento de los consejos comunitarios afro, de los cabildos indígenas y de la justicia propia de estos pueblos es inaplazable; ellos son quienes conocen los mejores planes de protección colectiva para sus comunidades.

Más allá de recursos, se necesita la voluntad política de querer priorizar e implementar los derechos étnicos en Colombia. Para que esto suceda, hay que romper muchas barreras que existen hoy en la sociedad, incluyendo la estigmatización, el racismo y el distanciamiento entre aquellos que tienen poder y los grupos étnicos. Indiscutiblemente, el primer paso es consultar a los líderes de dichas comunidades, escucharlos y trabajar de forma respetuosa, concertada y colaborativa para implementar sus derechos. En cualquier discusión o espacio donde no estén presentes es más que probable que esta perspectiva diferencial no sea considerada y que sus derechos y recomendaciones sean tenidos en cuenta.

*Directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).