Lo cierto y lo incierto de la explotación aurífera en el país

Colombia es uno de los países del mundo con mayor potencial minero y una creciente producción de oro. Años atrás, cuando se produjo el boom de las materias primas la subida de los precios de los metales preciosos fue notoria y en 2011, por ejemplo, se alcanzó un récord de 1.739 dólares por onza. Fue en ese momento cuando redescubrimos nuestra larga historia aurífera.

En 2017 la producción total de oro del país correspondió a 1.320.396 onzas, lo que nos sitúa como el cuarto mayor productor en América Latina. Lo paradójico es que para este año, solo el 22 por ciento de esa producción provino de la minería empresarial que cuenta con todas las licencias y controles por parte del Estado. Es decir, el 78 por ciento restante corresponde a pequeña minería, minería de subsistencia (barequeo) o a la extracción ilegal. Y es allí donde debemos revisar cuánto de este gran porcentaje utiliza hoy mercurio.

Desde 2013 la industria minera empresarial decidió apoyar la promulgación de la Ley 1658, conocida como la Ley del Mercurio, que busca reglamentar el uso, la importación, la producción, la comercialización, el manejo, el transporte, el almacenamiento, la disposición final y la liberación al ambiente del mercurio, en las actividades industriales y en la minería. Sin embargo, hoy, cinco años después, nos queda mucho camino por recorrer.

Según los reportes de Naciones Unidas, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ideam y la Upme, en Colombia se liberan entre 150 y 300 toneladas de mercurio anualmente. Los departamentos más afectados por esta contaminación son Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, siendo la minería ilegal de oro la principal causa de esta problemática.

Para contrarrestar este flagelo, la Ley del Mercurio estableció entre otros mecanismos la necesidad urgente de hacer un seguimiento y control de la importación y comercialización de este químico. No obstante, los esfuerzos han sido insuficientes; según la Unidad de Planeación Minero Energética la cantidad de mercurio ilegal que ingresa al país es desconocida, pero se calcula que podría superar las 50 toneladas al año.

También se han establecido incentivos para formalizar la actividad minera y reducir y eliminar el uso de mercurio a través de créditos blandos para los dueños de plantas de beneficio, y para la adquisición de tecnologías libres de mercurio. A pesar del trabajo realizado por el gobierno y las empresas del sector, muchos mineros informales o barequeros consideran que los requisitos son muy exigentes y no se han acogido a ninguna de las ofertas. Otros, simplemente, han preferido mantenerse en la ilegalidad.

Paralelamente, el país ha emprendido una lucha frontal contra la extracción ilícita de minerales. A pesar de sus logros, los colombianos aún no hemos entendido que la minería ilegal representa una amenaza incluso peor que el narcotráfico, no solo por el comercio ilícito inherente a ella, sino por el daño al medioambiente y por ende a la salud de todos los colombianos. Si entendemos el fenómeno, seremos más efectivos para combatirlo.

De esta manera vemos cómo, a pesar de ir por buen camino, aun requerimos de mayores esfuerzos para cumplir con el llamado internacional de un mundo sin mercurio. Hay que fortalecer la institucionalidad para llevar a cabo una acción integral y coordinada entre las entidades nacionales, regionales y locales para controlar y combatir la ilegalidad, así como imponerles a los delitos contra el medioambiente penas proporcionales a los daños causados.

Todos estos esfuerzos deben estar acompañados de los planes de formalización y el compromiso de la minería bien hecha, representada por las empresas que han implementado las mejores prácticas a nivel internacional para la extracción de minerales, para así garantizar una operación sostenible y responsable con el medioambiente y con la sociedad.

*Presidente de la Asociación Colombiana de Minería.