Volver al Cocuy, después del diálogo

Durante 14 meses, los 19.000 turistas que anualmente visitan el Parque Nacional El Cocuy se quedaron sin ver los 25 picos nevados que lo convierten en la mayor masa glacial del país y en una de las joyas naturales de Colombia. El parque estuvo cerrado por orden de los indígenas u’wa que exigían el respeto de Zizuma, la casa sagrada de sus ancestros.

“La gente desconoce lo que representa Zizuma para nosotros. Se pisaba la nieve y se jugaba fútbol sobre ella. La nieve está desapareciendo y si muere el parque es propender por el exterminio de nuestro pueblo”, dice Aura Tegría, miembro de la comunidad u’wa de Bachirá, en el municipio de Güicán.

Según el Ideam, que ha medido el deshielo en El Cocuy, el área glacial pasó de 19,8 kilómetros en 2003 a 13,3 kilómetros en 2017 por cuenta del cambio climático. Y aunque parece una gran proporción, para los 7.000 indígenas u’wa que conocen este lugar ancestralmente y para quienes es parte fundamental de su conocimiento y su riqueza cultural y espiritual, los daños se pueden revertir si el territorio está libre de visitas y turismo.

Sin embargo, el cierre del parque desencadenó una crisis económica en 17 municipios del norte de Boyacá, especialmente en Güicán y El Cocuy, que han convertido el turismo en uno de los principales motores de su economía, según explica Pablo Torres, presidente del Consejo Provincial de Turismo en la región de Gutiérrez. La Secretaría de Turismo del departamento calcula que en estos 14 meses se perdieron 15.000 millones de pesos, muchos negocios familiares quebraron y la gente tuvo que abandonar la región en busca de oportunidades.

Tras el cierre, en febrero de 2016, se instaló una mesa de concertación que durante todo ese año vivió momentos críticos, en parte porque los u’wa bloquearon otros cuatro puntos de importancia estratégica para la política mineroenergética del país, como la planta de gas de Gibraltar, en Norte de Santander.

El pedido de esta comunidad indígena para llegar a un acuerdo era la realización del estudio intercultural de El Cocuy, que determinaría los impactos del turismo y que estaba avaluado en 2.000 millones de pesos. En ese momento, los únicos recursos disponibles eran 500 millones de pesos que iba a poner Parques Nacionales.

En diciembre de ese año, según Aura Tegría, el gobierno nacional argumentó que no tenía recursos para atender las peticiones de los u’wa. Y a esto se le sumaba la presión de que, si no se llegaba a un acuerdo, todos los puntos bloqueados por ellos iban a ser despejados por el Esmad. Entonces, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, tomó un papel determinante en la mesa que estaba a punto de levantarse.

“Él se encargó del tema y propuso asignar los 1.500 millones de pesos que hacían falta si nosotros reabríamos el parque mientras salía el estudio. Nos mostró otro papel del gobierno como aliado estratégico en una causa, en un proceso de lucha y resistencia”, cuenta Tegría.

Los u’wa, que 20 años atrás hicieron una protesta nacional y lograron que la petrolera estadounidense Occidental saliera de sus territorios y gracias a esto ganaron reconocimiento mundial, entendieron en ese momento, en palabras de Tegría, que “a veces, perder es ganar”.

El Cocuy reabrió sus puertas en abril de 2017 con nuevas reglas. Hoy está prohibido tocar la nieve, acampar dentro del parque y, además, se definieron tres cupos máximos de ingreso diario a través de tres senderos específicos. Así mismo, se concretó el estudio intercultural y a los u’wa les garantizaron 12.700 millones de pesos para sanear los predios privados que están dentro de su resguardo.

Para el gobernador Amaya el triunfo fue haber logrado que el diálogo fuera el camino. Como dijo el día que se firmó el acuerdo, “en este tiempo de paz significa mucho que podamos llegar a acuerdos y que no sea necesaria la fuerza para solucionar los conflictos”.