Defensoría del Pueblo había alertado desde noviembre de 2024 sobre grave situación en el Catatumbo

La grave situación que se vive en el Catatumbo, de cuenta de la ola de violencia del ELN contra la población civil y de los enfrentamientos de esa guerrilla con las disidencias de las Farc, ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo.

Esa entidad emitió una alerta temprana de inminencia en noviembre en la que llamaron la atención sobre el riesgo en el que estaban inmersas las poblaciones que viven en la subregión del Catatumbo por la presencia y reacomodación de los grupos armados de la zona.

Esa despacho encontró tres factores de riesgo: la escalada de violencia del ELN, la reacomodación del EPL (también conocidos como Los Pelusos) y la apuesta de las disidencias de las Farc por restablecer su poder en el territorio.

“La región atraviesa por una escalada violenta por parte del ELN a través de su frente de guerra nororiental, una vez dejó de operar el mecanismo Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) y se reactivaron las operaciones militares ofensivas por parte del Ejército Nacional desde el pasado mes de agosto”, se lee en el documento emitido por la Defensoría.

Dos meses después de la publicación de esa alerta, el Catatumbo vive los que han sido los días más difíciles de los últimos años: más de 80 asesinatos en tres días, secuestros y desplazamientos forzados masivos.

En esa región, el EPL viene enfrentándose con el ELN desde 2018; mientras que las disidencias de las Farc han buscando expandirse desde el Catatumbo hacia municipios de Santander y del sur del Cesar, como se evidencia con la presencia del Frente 33 de esa guerrilla.

De hecho, en la alerta temprana la Defensoría advirtió sobre el riesgo de confrontaciones entre el ELN y las disidencias, un llamado de atención que terminó haciéndose realidad con los enfrentamiento que han protagonizado esos dos bandos durante enero.

“Se ha constatado la situación de riesgo a la que la población civil de estos ocho municipios está expuesta, así como la profundización de los factores de amenaza derivados de la presencia de los grupos armados ilegales que operan en las zonas focalizadas, cuyas acciones indiscriminadas atentan contra los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad personal”, advirtió la defensora Iris Marín Ortiz.

La funcionaria presentó 19 recomendaciones al Gobierno nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades locales y territoriales de Norte de Santander y César para mitigar las amenazas a la población. Empero, dos meses después de la publicación de ese documento esa subregión del Catatumbo quedó inmersa en una situación de violencia que no se registraba desde hace varios años en el territorio.