OMS califica de "asesinato" que médicos no reciban dotación contra la covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, pidió que se detenga la corrupción y las dilataciones en la entrega de implementos de protección al personal de la primera línea que atiende a los contagiados por la covid-19. Durante la intervención de este viernes, el funcionario calificó de "asesinato" que los médicos, enfermeras, intensivistas y demás profesionales no cuenten con las garantías para prestar un servicio de atención sin temer por su vida. 

"Si los trabajadores de la sanidad trabajan sin EPI, sus vidas están en peligro. Y esto pone igualmente en peligro la vida de las personas a las que atienden. Por lo tanto es un crimen y es un asesinato. Esto debe cesar", dijo. 

El pedido viene de hace meses. En marzo, por ejemplo, la OMS les solicitó a los gobiernos de más de 180 países con casos de coronavirus que aumentaran la producción de equipos de protección en un 40 por ciento para satisfacer la demanda mundial. "Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el acaparamiento", comunicó la entidad.

Como es sabido, desde que el coronavirus salió de Wuhan y se esparció por el mundo, los precios de guantes, mascarillas, respiradores y demás implementos han subido considerablemente y son peleadas las unidades existentes. La OMS estima que el precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95, por tres, y el de las batas, por dos.

Sin embargo, hay que decir que después de casi nueve meses de presencia del virus los gobiernos han mejorado la producción de estos elementos, aunque no todos lleguen con la misma celeridad y prioridad a todos los lugares.

En el caso de Colombia, la Procuraduría General ha denunciado en varias oportunidades el mal manejo de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria. A corte del 24 de abril, un mes después de iniciar el aislamiento obligatorio, la entidad priorizó 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en las ayudas humanitarias, el endeudamiento de la red hospitalaria "que supera los 5,4 billones de pesos" y la necesidad de proveer equipos de bioseguridad.

Para ese entonces, ya había iniciado 990 procesos preventivos, de los cuales 40 eran relacionados con los sobrecostos de mercados, 28 por sobrecostos en adquisición de elementos de protección y 9 por violación a los derechos de la población carcelaria con covid-19, solo por nombras algunos. A su vez, catorce gobernaciones y 55 alcaldías estaban en la lupa por su proceder durante la pandemia.

En el mes de junio, las cifras del programa Transparencia para la Emergencia, de la Procuraduría, crecieron considerablemente y los casos priorizados sumaban 2.376, de los cuales 813 correspondían a procesos disciplinarios y 1.563 s actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento. De igual forma, 27 gobernaciones y 396 alcaldías asumieron un proceso disciplinario, incluidos los mandatarios de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá. Otros fueron suspendidos del cargo.

La región Andina es la que más procesos tenía en junio, con 337. En el Caribe había 136; en la región Pacífica, 83; en la Orinoquia, 20 y en la Amazonia, 17.

A esta problemática se suman las denuncias de las diferentes organizaciones del gremio médico en Colombia que siguen inconformes con el papel de las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), encargadas de entregar gran parte de los elementos de protección. Una encuesta realizada en mayo por la Federación Médica Colombiana, señalaba que el 85 por ciento de los profesionales de la salud no contaban con estos elementos, mientras que la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) se defendía diciendo que la responsabilidad "históricamente" era de los empleadores y del propio Gobierno.

Si bien la situación ha mejorado de mayo a agosto, los reclamos en zonas apartadas del país siguen latentes; a tal punto que médicos de varios centros hospitalarios se han declarado en paro o han renunciado por la falta de garantías, como ha sido el caso del hospital de Leticia, el de Valledupar o el trágico destino del médico en Chocó que murió de covid-19 esperando su salario.

El último reporte del INS, con fecha del 19 de agosto, revela que 7.552 profesionales de la salud se han contagiado de covid-19 -602 asintomáticos-, 7.130 se han recuperado y 51 han fallecido.