María Fernanda Carrascal, Susana ‘Boreal’ y otras mujeres del Pacto Histórico no se quedaron al debate de feminicidio en Colombia ni escucharon a víctimas de la violencia

Este miércoles 13 de diciembre se adelantó un debate de control político en la plenaria de la Cámara por el feminicidio en Colombia y se revelaron cifras escandalosas sobre este delito.

El debate fue citado por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien agradeció a los funcionarios del Gobierno Petro por asistir a la citación. Sin embargo, el lunar fue el Pacto Histórico, porque de 12 mujeres que hacen parte de la Cámara de Representantes sólo tres se quedaron al debate y participaron del mismo.

La primera en retirarse del recinto fue María Fernanda Carrascal, quien se registró y después se retiró de la plenaria, por lo que podrá asegurar que sí asistió a la sesión. Su ausencia fue bastante notoria porque una de sus banderas ha sido, supuestamente, la defensa de las mujeres en Colombia, por lo que sorprendió que no haya escuchado a las víctimas de violencia ni a los familiares que han perdido a sus seres queridos por feminicidio.

En las últimas semanas, Carrascal ha brillado por sus ausencias en el Congreso que, aunque están justificadas, al sumarlas le han dado más de un mes sin ir a trabajar, pero recibiendo su salario normalmente.

Después de Carrascal, se retiró Susana ‘Boreal’, otra de las polémicas congresistas del Pacto Histórico. Poco a poco y una a una las mujeres de esta coalición se fueron retirando hasta que sólo quedaron tres en la plenaria: Leyla Rincón, Dorina Hernández y Tamara Argote, quienes sí participaron de toda la sesión y escucharon atentamente todo el debate.

Como las otras nueve se registraron y posteriormente se retiraron, no tendrán falla en la plenaria, pero quedó evidenciado el poco interés que tienen en el tema del feminicidio en Colombia.

Debido al grave aumento de los casos de feminicidios y la violencia institucional, omisión y revictimización por parte del Estado contra mujeres víctimas, las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Katherine Miranda y Carolina Arbelaéz citaron a debate de control político al Ministerio de la Igualdad y Equidad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, al Departamento Nacional de Planeación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Luego de una investigación que duró un año, Juvinao reveló alarmantes cifras sobre los feminicidios en Colombia, dado que en 2022 hubo registrados más de 600. Así mismo, en lo corrido de 2023 se registran más de 400 y aumentaron las cifras de violencia intrafamiliar (40.860 mujeres afectadas), violencia de pareja (30.506 mujeres afectadas) y violencia contra niñas, niños y adolescentes (2.364 afectados).

A pesar de lo anterior, Juvinao denunció que el gobierno actual disminuyó sustancialmente el dinero del componente “Mujeres libres de violencias”, invirtiendo en 2023 un 80 % menos recursos para desarrollo institucional y transformación cultural, según el trazador presupuestal.

Así mismo, denunció que han aumentado las actitudes, percepciones y prácticas de los funcionarios públicos que favorecen y perpetúan la violencia contra las mujeres. Reveló hallazgos de falencias institucionales como:

- 1 de cada 3 mujeres asesinadas había buscado protección de la justicia.

- 188 de 531 víctimas de feminicidio habían sido valoradas por Medicina Legal.

- Menos de la mitad de las entidades tienen áreas de asuntos de género.

- Solo el 52 % de las Comisarías de Familia cuenta con equipos interdisciplinarios completos.

- Frente a la Fiscalía, la tasa de impunidad en los procesos penales de feminicidios es del 90 %.

- Solo el 18 % de los jueces de familia en Colombia están capacitados en enfoque diferencial y de género.

- Colombia no cumple los estándares de transparencia en temas de género de la Ocde. La información no es transparente y su acceso es insuficiente y desactualizada.

- 18 % de los funcionarios públicos están de acuerdo con que “las mujeres exageran los hechos de violencia” y el 50 % cree que “los problemas familiares solo deben discutirse con la familia”.

Juvinao manifestó: “Para que el cambio sea con las mujeres, realmente necesitamos un compromiso con mayor inversión, pedagogía a largo plazo, datos unificados, diálogo interinstitucional y sanción social del mismo gobierno frente a los funcionarios que incurren en violencia. Este país no puede permitir que historias como la de Michel Dayana se sigan repitiendo”.