Lío de tierras: destapan presuntas irregularidades en la adquisición de predios en el Gobierno Petro

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está en la mira de las autoridades judiciales por aparentes irregularidades en la adquisición de predios para cumplir con las metas del Gobierno Petro: entregar 1,5 millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto armado antes de finalizar la administración en agosto de 2026. Los efectos del supuesto afán son estudiados con lupa por juzgados de diferentes regiones de Colombia.

Varias denuncias conocidas por SEMANA advierten que la entidad está adquiriendo de manera directa propiedades bajo la figura de “enajenación temprana de bienes”, un trámite que invocó en 2023 la Casa de Nariño y que fue declarado inexequible, parcialmente, por la Corte Constitucional. Al parecer, lo que negó ese alto tribunal lo estarían materializando funcionarios en esa institución.

La “enajenación” es un mecanismo que faculta a la administradora de bienes para vender, chatarrizar y demoler propiedades antes de que la autoridad judicial resuelva su situación, siempre y cuando se asegure que representa un peligro para el medioambiente; tenga amenaza de ruina, pérdida o deterioro; o cuya ubicación geográfica o condiciones de seguridad impidan su administración, entre otros aspectos.

El abogado Néstor Julián Botía Benavides describió que una hacienda de 900 hectáreas, ubicada en el corazón del Meta, enfrenta un proceso de extinción de dominio y tiene una medida cautelar de embargo y suspensión del poder dispositivo. Aunque la Justicia no ha tomado la última palabra sobre el predio y sus clientes apenas se están defendiendo, ya fue tomado por la ANT.

Según el defensor, la propiedad que reclama, denominada como Atahualpa, no cumple con los requisitos para ser apropiada de esa manera: “No reunía ninguna de las causales de enajenación temprana para haber sido objeto de transferencia a la Agencia Nacional de Tierras, y menos que fuera prometido en venta en un contrato de promesa de compraventa por parte de la Sociedad de Activos Especiales”.

La interpretación del experto es que, posiblemente, se estaría frente a una estrategia del Gobierno Petro para despojar predios que aún no han sido objeto de declaratoria de extinción de dominio con el objetivo de cumplir las promesas de la reforma agraria, pues el tiempo se les estaría acabando: “Están desconociendo a los poseedores. Les están violando el derecho de la defensa. Hay una desviación de poder para cumplir las metas en perjuicio de los poseedores”.

En esa supuesta jugada también estaría involucrada la Superintendencia de Notariado y Registro, pues él sospecha que se estarían levantando las medidas cautelares de predios en disputa judicial para ser ingresados al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), y así materializar la toma. “Solo se llega al Frisco cuando se es vencido por un juez, no antes. Eso está ocurriendo ahora con varias propiedades”, dice.

Los mismos reparos tiene la Procuraduría. En un proceso de extinción de dominio que se seguía contra propiedades del Ñeñe Hernández, el ente de control manifestó que la norma que se invocó para la toma –la “enajenación temprana”– no aplicaba: “En este trámite se invocó como fundamento especial el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023; el precepto que aquí interesa fue declarado inexequible por la Corte Constitucional”.

Hay varios trámites legales en curso que buscan esclarecer realmente qué es lo que está ocurriendo con la “enajenación temprana” en la Agencia Nacional de Tierras. El abogado Botía Benavides tiene presente que las presuntas irregularidades tendrían motivaciones políticas y llamó la atención de las autoridades para que confirmen las inconsistencias y ubiquen a los eventuales responsables.

Responde la ANT

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, respondió a SEMANA por la polémica. Él aseguró que la Corte Constitucional dejó vigente “la facultad de adquirir de manera directa los inmuebles rurales del Fondo para la Reparación de las Víctimas susceptibles de comercialización”.

El funcionario también detalló que la Ley 1151 de 2007 sigue vigente, lo que “otorga la facultad a la administradora de bienes incautados, o con extinción de dominio o comiso, o entregados para la reparación de las víctimas, de realizar su enajenación o disposición cuando su naturaleza, uso o destino amenace deterioro o se imposibilite su administración”.

Bajo la figura de la enajenación directa se confirmó que entre 2022 y lo que va corrido de 2025, en la administración de Gustavo Petro, se han adquirido 1.205 predios con esta figura, así: 603 para el Fondo de Reparación a las Víctimas (70.791 hectáreas) y 602 para la Sociedad de Activos Especiales (93.217 hectáreas).

Es decir, la entidad cree legítimos estos procedimientos, mientras defensores de propiedades en proceso de extinción de dominio hablan de supuestas irregularidades y un aparente complot entre funcionarios del Estado para acelerar la adquisición de tierras antes de que Gustavo Petro salga de la presidencia, en agosto de 2026.

En medio de las polémicas que rodean a la ANT, Harman Ortiz también explicó las razones por las cuales pidió a la Corte Constitucional suspender la fase judicial de los procesos agrarios, solicitud que fue rechazada de plano por la Procuraduría al considerar que va en contra de la norma.

“La única finalidad es buscar suspender esa fase mientras no entre en funcionamiento la jurisdicción agraria, pues el hecho de que a hoy se deba acudir a una fase judicial sin que exista un juez especializado en la materia –tal y como lo ordena la Constitución Política de Colombia–, hace que los procesos agrarios tengan que ir a la cola de la jurisdicción ordinaria, en donde en ninguno de los procesos que hasta ahora se tienen se haya podido superar la etapa preliminar de admisibilidad de la acción, justamente por la congestión judicial”, dijo el funcionario.

Entrega de tierras

Lo cierto es que las entidades vinculadas con la entrega de tierras a campesinos y víctimas del conflicto armado están en una carrera contrarreloj para repartir predios masivamente.

El reporte oficial de la ANT es que, durante el Gobierno Petro, se han entregado 271.903 hectáreas, mientras que en 2025 la cifra es de 141.472. Aunque el dato debe observarse con cautela. De las 271.903 hectáreas, 56.008 han sido registradas, 49.760 están pendientes del registro y 166.134 son entregas provisionales. Así las cosas, el avance es del 0,3 por ciento si se compara la meta del Ejecutivo: 1,5 millones de hectáreas, según el Plan Nacional de Desarrollo.

En materia de formalización de hectáreas, el resultado arroja 1.433.782 entre 2022 y 2025; solo este año se han logrado 239.980. Ahora bien, en cuanto al avance con respecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, donde se contempló la formalización de 3,9 millones de hectáreas registradas, se ha avanzado en el 32 por ciento.

El plan está lleno de cuestionamientos. Por ejemplo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que el Gobierno Petro está priorizando la entrega de predios en su departamento a comunidades originarias del Cauca, generando un conflicto social. Si bien contó que ha hecho reclamos para que se solucione esta situación, no habría obtenido respuestas.

La adquisición de tierras es hoy una papa caliente para el Ejecutivo. La cascada de denuncias por presuntas irregularidades corre con la misma intensidad con la que se hacen las entregas para los menos favorecidos.