Hasta el 2036 la Imprenta Nacional producirá los pasaportes en Colombia, según el convenio con la Cancillería

SEMANA conoció el convenio que firmó el Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional, en donde queda claro que esa entidad manejará la producción de pasaportes en Colombia hasta el 2036.

Dicho plazo podrá prorrogarse sin problema alguno entre las partes, pero se tendría que suscribir un otrosí para ampliar los términos. En dicho convenio queda claro que la Imprenta Nacional podrá suscribir otros acuerdos, por ejemplo con Portugal, para poder cumplir y conocer a fondo el proceso de elaboración para que el Gobierno maneje todos los datos de los colombianos.

“Que en el marco del fortalecimiento del Estado Colombiano en relación con la soberanía, disponibilidad, almacenamiento, tratamiento gestión, transmisión, autonomía e interoperabilidad de datos sensibles de los Colombianos, se hace imperativo suscribir acuerdos interinstitucionales que permitan, a partir de la experticia de las partes, contribuir al intercambio y transferencia de conocimiento técnico y tecnológico que permitan, poner a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores las capacidades de la imprenta en términos de diseño, diagramación, impresión y producción de documentos seguros y de la Imprenta Nacional, las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores en términos de producción, formalización, personalización y distribución de pasaportes y visados”, dice el documento conocido por SEMANA.

En el acto administrativo de justificación “por medio del cual se justifica un convenio interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa”, se argumenta que la Imprenta Nacional puede tener la experticia para la elaboración de pasaportes ya que “desde las diferentes líneas de negocio” aporta una nueva dinámica para producir documentos estatales.

“Siendo los responsables del Diario Oficial, contando con línea de impresión en seguridad, servicios de gestión documental, entre otras”.

No obstante, el convenio deja claro que se necesitará un nuevo acuerdo que podrá suscribir la Imprenta Nacional con una empresa que maneje a fondo el tema de elaboración de pasaportes para adquirir conocimientos.

“Se requiere realizar la suscripción de un Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para contribuir con apoyo logístico, humano y tecnológico para el fortalecimiento y beneficio mutuo, enfocado en la estructuración de proyectos que incluyan actividades relacionadas con la edición, diseño, impresión, divulgación, distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos, publicaciones y comunicación gráfica, en las cuáles la experticia, experiencia, capacidad instalada y trayectoria de la Imprenta Nacional sean fundamentales y aporten un valor agregado en la prestación del servicio a cargo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, contribuyendo además en la transferencia de conocimientos respecto del Know How que ha adquirido la Imprenta Nacional en cumplimiento de sus funciones”.

Como el documento suscrito es un acuerdo marco, más adelante se podrán hacer futuras contrataciones, posiblemente de manera directa, para cumplir con lo pactado en dicho convenio.

No está claro el costo que tendrá este acuerdo entre las partes y seguramente más adelante, cuando la Imprenta firme otro convenio, se sabrá.

La junta directiva de la Imprenta Nacional estuvo reunida y tomó estas decisiones que son el sello de que el Gobierno Petro sacará del camino a Thomas Greg para manejar el asunto de los pasaportes. Aunque este es el primer paso, aún no queda descartada una prórroga con esta empresa ya que el acuerdo marco no da luces sobre quién se encargará del tema desde el primero de septiembre y seguramente la Imprenta no podrá suplir esas necesidades de inmediato. Thomas terminará su contrato el 31 de agosto y se sabe que no quedarán libretas disponibles.

Aunque el Gobierno Petro ha dicho la entidad del Estado sí cuenta con las capacidades, la realidad es que no cuenta con la infraestructura, maquinaria, elementos de seguridad ni experiencia documentada sobre elaboración de este tipo de documentos.

El jefe de despacho de la Casa de Nariño, Alfredo Saade, había dicho a SEMANA que este convenio explicaría en detalle cómo sería la transición, pero eso no ocurrió. “A la Imprenta Nacional le están haciendo una mala fama, porque cuando usted revise el contrato se dará cuenta de que quien va a hacer los pasaportes en todo ese tiempo de la transición es Portugal y no la Imprenta. Al final, esa entidad, según lo consignado en el convenio, será la favorecida de todo este proceso, porque terminará con la tecnología más grande, como la de Portugal. Eso pasará al final del contrato. Le están echando agua sucia a la Imprenta Nacional. ¿Sabe qué será lo mejor del convenio? Que el diseño del pasaporte, los datos, el chip, la llave y toda la información del pasaporte terminan en manos de Colombia", dijo el 12 de julio.

La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, además del jefe de despacho, Alfredo Saade, por el caso pasaportes.

El ente de control trata de determinar si en la contratación de ese servicio habrían existido irregularidades en la estructuración de esa licitación que hoy tiene en vilo al país.

Esta revista pudo establecer que la investigación contra Sarabia, Murillo y Saade tendría el objetivo de determinar si se violó el principio de planeación, lo que dejaría en evidencia que, al parecer, existió negligencia sobre la forma en como se está construyendo dicho contrato, esencial para facilitar la movilidad internacional de colombianos.

La Procuraduría confirmó: “Posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024”.

En medio de todo este escenario es que la puesta en marcha de este convenio tendrá que ser vigilado por el nuevo gobierno que llegue el 7 de agosto de 2026 a la Casa de Nariño y que, entre tantos problemas del país, este asunto tendrá que ser una de las prioridades para evitar desabastecimiento.