Gustavo Petro ganará el round en la Comisión de Acusación: los tres argumentos con los que se archivaría la investigación por la presunta financiación irregular de su campaña

Gustavo Petro no será el primer presidente en llegar a un juicio político en el Senado de la República. Y puede que su caso ni siquiera alcance a salir de la Comisión de Acusación de la Cámara. En su más reciente edición, SEMANA reveló cómo todo está dado para que la denuncia que existe contra el primer mandatario sea archivada muy pronto.

Tres representantes a la Cámara tienen en sus manos el proceso contra el mandatario. Se conocen como el triunvirato: Alirio Uribe, del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, exesposa del senador Roy Barreras, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Todos se consideran cercanos al gobierno.

Los congresistas podrían archivar el proceso muy pronto. Esto serían los argumentos:

1. La “ausencia de dolo”

Este sería el argumento jurídico principal para archivar la investigación contra el primer mandatario. La Comisión de Acusación ha consultado con varios juristas y han decidido acoger esta tesis.

En palabras sencillas, lo que significa es que, aunque los hechos de financiación irregular de la campaña pueden ser ciertos, el primer mandatario no conocía de estos.

El dolo está consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano en el código penal en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000. Allí se establece que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización.

Y en el caso que se investiga contra el presidente, la tesis de los congresistas es que él nunca actuó con la intención deliberada de cometer un delito y no hubo voluntad consciente de realizar la conducta prohibida por la ley.

En otras palabras, los tres congresistas que tienen el expediente en sus manos le apostarán a la versión que en su momento defendió Ernesto Samper, que “todo fue a sus espaldas”.

Esa versión fue en su momento respaldada por su hijo Nicolás Petro, en la entrevista que le dio a SEMANA en agosto de 2023, cuando estaba distanciado de su papá y la justicia lo tenía en jaque.

“Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo a la entonces directora de este medio, Vicky Dávila.

1. La violación de topes electorales quedará por fuera

SEMANA confirmó que los congresistas no quieren detallar a fondo este espinoso tema. Como se sabe, paralela a esta investigación el Consejo Nacional Electoral ha ido recogiendo múltiples pruebas que han apuntado a que no se respetaron esos montos.

“Una fuente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le confirmó a SEMANA que los investigadores del caso Petro, aunque no lo dirán públicamente, tienen claro que hubo una violación de los topes electorales en la campaña presidencial de 2022, pues las pruebas recolectadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral, contra el presidente Petro, Ricardo Roa, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, entre otros, son demoledoras”, asegura la investigación de SEMANA.

Sin embargo, los investigadores de la Comisión de Acusación dirán que no hay elementos contundentes que les permitan concluir que el presidente sabía y que tuvo intención de violar los topes establecidos por la ley.

Las pesquisas del CNE apuntaban a que en la campaña presidencial de Petro se habrían violado los topes electorales en 5.355 millones de pesos en primera y segunda vuelta presidencial, entre mayo y junio de 2022.

Gustavo Petro y su campaña presidencial podían gastar hasta 28.536′520.492 de pesos en la primera vuelta presidencial y 13.347′457.427 en la segunda vuelta. En esas cifras están incluidos los dineros que aporta el Estado y los particulares a la contienda.

Sin embargo, según un proyecto de pliego de cargos, que SEMANA conoció en septiembre del año pasado, elaborado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, Petro y las directivas de su contienda, presuntamente, vulneraron los topes de gastos a invertir en su campaña en primera vuelta por 3.709′361.344.

SEMANA publicó en su momento que había siete pruebas de esa financiación irregular:

Según el expediente del CNE, son varias las pruebas contundentes contra la campaña de Petro:

1. La certificación suscrita por Fecode, mediante la cual se indica que el 3 de mayo de 2022 el comité ejecutivo de la organización sindical aprobó la destinación específica de 500′000.000 de pesos para “la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República”.

2. La contribución realizada por el Partido Polo Democrático Alternativo por 500′000.000 de pesos, cuantía que había sido reportada en el informe inicial y que, misteriosamente, en el informe final se suprimió.

3. El CNE tiene las bases de datos reportadas por compañías de giros por 30.256 pagos a testigos electorales para la primera vuelta y 5.328 para la segunda vuelta, lo cual asciende a 931′290.000 y 177′680.000 pesos.

4. Los magistrados tienen los extractos bancarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales en que se observa un aprovisionamiento de recursos desde la campaña del congreso del Pacto Histórico a la campaña a la presidencia por valor de 202′471.731 pesos, por conceptos de servicios tecnológicos, seguridad de plataformas y capacitaciones entre el 9 y el 20 de mayo de 2022.

5. Los contratos de fletamento y facturas electrónicas de los servicios de transporte aéreo prestados a la campaña de primera y segunda vuelta presidencial, valores que, irregularmente, fueron modificados para no sobrepasar los topes de gastos en las campañas electorales.

6. Las actas de la Unión Sindical Obrera (USO), donde se aprobó realizar aportes económicos a la campaña Petro Presidente. Ese dinero no fue reportado por la campaña.

7. La factura electrónica del 16 de junio de 2022, mediante la cual el gerente de campaña, Ricardo Roa, pagó la suma de 100′000.000 de pesos por concepto del evento del cierre de campaña en el Movistar Arena, la cual no se reportó en la rendición de cuentas.

8. Los informes anuales dictaminados por el revisor fiscal del movimiento Colombia Humana, mediante los cuales se observan pagos realizados por la suma de 530′579.983 pesos por concepto de transporte, alimentación y logística de testigos electorales.

Pese a que todo el material recopilado, tampoco se espera una decisión contra el mandatario en el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, hay que recordar que recientemente la Corte Constitucional le dio la razón al presidente, que aseguró que el CNE no tenía competencia para investigarlo.

Por otro lado, se sabe que en ese organismo el proceso contra los directivos de la campaña tampoco avanza y que, en caso de que se llegue a una votación, el gobierno tendría las mayorías para salir invicto. Además, los tiempos de prescripción juegan en contra.

1. La tesis de la delegación

Los tres congresistas de la Comisión de Acusación le apostarán muy seguramente al principal argumento que dio el abogado Mauricio Pava en su defensa del primer mandatario. Hay que aclarar que Pava ya no es el jurista a cargo del proceso del presidente.

“En lo que se refiere a la delegación en personas competentes, él designó a Ricardo Roa como gerente de campaña, confiando en su experiencia y capacidad para gestionar los aspectos financieros. Esto significa que actuó con la diligencia que se espera de un candidato presidencial, enfocándose en sus responsabilidades propias y delegando funciones específicas en su equipo”, dijo Pava en ese entonces.

“Desde la dogmática penal, se aborda, además, la delegación, confianza y distribución de funciones en la campaña, subrayando que la administración de los recursos, al ser una función delegada, exime de responsabilidad a quienes no han participado directamente en la toma de decisiones financieras. Se examina cómo la confianza en el cumplimiento de deberes por parte de los responsables directos, en este caso los encargados de la administración de recursos, limita la imputación penal de quienes no tienen un rol activo en la gestión de estos. Asimismo, el principio de realización mancomunada del trabajo en una campaña implica una división de responsabilidades que impide que los actos de uno sean automáticamente imputables a otro sin una participación o un conocimiento directo”, añadió el jurista.