Disputas politiqueras en pleno año electoral, peleas internas por el poder, promesas incumplidas del Gobierno nacional, denuncias de corrupción y hasta un déficit multimillonario conforman el coctel de problemas que el grueso de las 34 universidades públicas del país tendrá que enfrentar en 2026, un escenario que hoy prende las alarmas del sistema de educación superior y anticipa una de sus crisis más profundas en décadas.
SEMANA habló con profesores, congresistas y altos directivos de las universidades públicas. Todos coinciden en que no se trata de una situación nueva ni aislada, sino del resultado de una acumulación de padecimientos estructurales que las instituciones de educación superior han tenido que sortear año tras año, muchas veces de manera silenciosa y sin soluciones de fondo.
“Es que cada universidad arrastra sus propias complejidades; una de esas es el tema financiero y estructural, que limita e impide avanzar en las necesidades de los territorios del país”, le dijo a SEMANA Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa a las universidades públicas, y de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).
El ejemplo más claro es el de la Universidad de Antioquia, que, con cerca de 53.000 estudiantes, es la segunda universidad pública más grande del país.
Al enorme déficit fiscal, a las denuncias por el nombramiento en el Consejo Superior Universitario (CSU) de un alto funcionario de la inteligencia del Estado y a los señalamientos por presuntos hechos de corrupción, se le sumó, a mediados del año pasado, otro problema inédito: la falta de recursos para el pago de las nóminas de los profesores de planta.
“El caso de la U. de A. es demasiado preocupante porque los profesores no sabemos si nos van a pagar la nómina de enero por falta de recursos. Es un asunto que nunca había pasado, es algo histórico”, contó la profesora Sandra Patricia Duque Quintero.
A mediados de diciembre, la Universidad de Antioquia envió una carta a los profesores en la que les informó que hará un esfuerzo por pagar salarios, primas y vacaciones bajo un esquema similar al pico y placa, dependiendo del nivel de ingresos.
“Quien gane menos de 12 millones recibirá la prima de Navidad completa; quien gane más de 12 millones recibirá solo el 20 por ciento, y no hay certeza de cuándo se va a recibir el 80 por ciento restante. Y para la nómina de enero, que es cuando nos pagarían la prima de vacaciones y las vacaciones, la universidad señala que lo hará cuando haya flujo de caja, y esto afecta a todo el profesorado”, aseguró la docente.
La situación obligó a una reacción del Gobierno de Gustavo Petro, que anunció un giro de 70.000 millones de pesos para “garantizar el funcionamiento y fortalecer la estabilidad financiera de la institución”. Además, el Gobierno adoptó una polémica medida administrativa para remover del cargo al cuestionado rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, a quien le habían ordenado suspender la suscripción de nuevos acuerdos, convenios o contratos, restringir el reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa y eventos protocolarios, entre otras medidas, como intento de aliviar parcialmente las finanzas de esa alma máter.
El 15 de diciembre, los estudiantes lograron que en la Cámara de Representantes se modificaran los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que definen la forma en que se financian las universidades públicas. Aunque esta decisión es vista como un alivio y una esperanza de cara a 2026, es claro que esos recursos no llegarán en el corto plazo.
“Esa ley pasa a conciliación, a sanción presidencial y luego a la reglamentación. Esto tiene que generar una nueva discusión que apunte a cerrar brechas regionales en acceso y cobertura, porque podemos tener más recursos, pero estarán concentrados en un enfoque que no contribuye a la democratización del derecho a la educación”, le dijo a SEMANA el presidente del SUE.
El problema de fondo, explicó, es que las cuatro grandes universidades del país –la Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Industrial de Santander– concentran cerca del 60 por ciento del presupuesto total.
Ahora bien, los líos que enfrentará el SUE en 2026 no son iguales para las 34 universidades.
“Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, por primera vez en 15 años cerramos un año financiero sin faltantes, cumpliendo con todas nuestras obligaciones, porque nuestro crecimiento ha sido responsable y hemos tratado de construir una institución sólida”, dijo el máximo representante del SUE, quien aclaró que universidades como la del Atlántico y la Nacional suman a sus problemas financieros graves conflictos de gobernanza.
Una situación similar vive la Universidad del Chocó. Heiny Julie Palacios, egresada de esa institución y estudiante de doctorado de la Javeriana en Bogotá, lo describió así: “Esta universidad está viviendo una incertidumbre administrativa bastante grande. En menos de dos años ha tenido más de cinco rectores, un gran recorte de personal, pagos atrasados y muchos proyectos paralizados. Los estudiantes se han visto afectados porque no saben si volver a sus territorios”.
A la lista de problemas se suma uno distinto en la Universidad del Valle, que mes a mes busca cómo pagarles a sus pensionados, una situación que fue evaluada nuevamente en una mesa técnica en diciembre.
“Nosotros tenemos un fenómeno diferente al de la Universidad de Antioquia. Tenemos una espada de Damocles, porque el Gobierno nacional no reconoce la insuficiencia pensional; es decir, no reconoce el pago de 273 pensionados”, dijo la profesora Leonor Cuéllar, representante profesoral en el CSU de la Universidad del Valle.
En plata blanca, son cerca de 21.000 millones de pesos que cada año la Universidad del Valle tiene que salir a buscar para cumplir con esas obligaciones.
A esa cadena de problemas sin resolver se le suma que 2026 estará marcado por una intensa campaña electoral, de la cual varias universidades públicas no están exentas. En la Universidad del Atlántico, por ejemplo, hay una disputa entre casas políticas para definir quién se queda con el botín de contratos que, según denuncias internas, sirven como plataforma para la compra de votos.
En ese juego también entran gobiernos regionales y el propio Gobierno nacional, que intenta impulsar un crecimiento que, para algunos sectores, es desbordado.
“La apuesta del Gobierno de aumentar cupos a la brava y embutir nuevos estudiantes como sardinas en las universidades tiene un problema de fondo: las universidades arrastran 30 años de desfinanciación”, le dijo a SEMANA la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.
A ello se suma una infraestructura obsoleta, que en algunos casos lleva a que universidades no cuenten con agua potable, ni siquiera con papel higiénico en los baños, lo que dificulta la presencialidad de miles de estudiantes.
Las cifras del SUE reflejan la magnitud del problema. En 30 años, el sistema pasó de atender a 135.000 estudiantes en 32 centros educativos a más de 685.000 estudiantes en 34 universidades, un crecimiento que ha desbordado las capacidades técnicas, físicas y financieras.
Con un componente aún más grave: los millonarios recursos que se destinan al funcionamiento de la educación superior no siempre terminan bien invertidos. En la Universidad de Antioquia, como reveló SEMANA el año pasado, se denunciaron contratos irregulares en la Facultad de Ingeniería, señalamientos que sus directivos han negado. En la Universidad del Pacífico, ubicada en Tumaco, la Contraloría General determinó hallazgos fiscales por más de 14.000 millones de pesos en la vigencia de 2023.
Todo esto ha llevado a que desde distintos sectores se pida, de una vez por todas, un control serio sobre el gasto en las universidades públicas y estudios rigurosos que permitan establecer en manos de quién están quedando los recursos, para evitar los desfalcos que hoy tienen al sistema universitario estatal enfrentando uno de los retos más grandes de su historia reciente: sobrevivir al borde de la quiebra.
